China

Pekín se marca como objetivo un crecimiento más moderado para 2026 ante los retos económicos estructurales

China alcanzó su objetivo de crecimiento del 5 % en 2025, respaldada por unas exportaciones sólidas, que en la práctica enmascararon una demanda interna persistentemente débil. Como era de esperar, las exportaciones directas a EE. UU. se desplomaron debido al aumento de los aranceles, pero este descenso se ha visto compensado en gran medida por el auge de las exportaciones a los países de la ASEAN, un importante centro de redireccionamiento y montaje. Dicho esto, los resultados de las exportaciones han divergido entre los productos manufacturados avanzados y los de alta intensidad de mano de obra. Los productos mecánicos y electrónicos han registrado un sólido crecimiento de las exportaciones, impulsados por el aumento de la demanda mundial de inteligencia artificial. Sin embargo, los envíos de juguetes, muebles y ropa se han visto más afectados por los aranceles estadounidenses, ya que sus escasos márgenes han tenido menos margen para absorber los gastos adicionales. No obstante, estos productos rara vez se redirigen, ya que sus cadenas de suministro están menos alineadas con la demanda de modernización industrial de terceros países. A nivel nacional, el consumo privado se estabilizó en cierta medida en el primer semestre de 2025, gracias al programa de renovación que subvencionaba entre el 15 % y el 20 % de la sustitución de bienes duraderos, como electrodomésticos, teléfonos inteligentes y vehículos. Pero, al ir disminuyendo gradualmente el efecto de las subvenciones, el consumo perdió rápidamente su impulso en el segundo semestre de 2025, debido a las restricciones derivadas de la debilidad del mercado laboral y a los aumentos solo modestos del gasto en bienestar social. Al mismo tiempo, la atonía del mercado inmobiliario sigue ejerciendo efectos negativos sobre la riqueza. Las actividades de inversión, que históricamente han sido el pilar del crecimiento económico chino, también se deterioraron de forma sorprendente, y la inversión fija registró su primer descenso anual en décadas tras caer un 3,8 % interanual en 2025. Si bien la caída de la inversión en vivienda siguió siendo el principal lastre, la inversión en capital fijo del sector manufacturero también se vio frenada por el debilitamiento de los beneficios empresariales y las restricciones a la expansión de la capacidad productiva.

Pekín rebajó el objetivo de crecimiento del PIB para 2026 de «alrededor del 5,0 %» a un rango de «entre el 4,5 % y el 5,0 %». El objetivo del 5,0 % se había mantenido durante los tres años anteriores. Sin embargo, incluso este objetivo más modesto puede resultar bastante difícil de alcanzar, dada la prolongada crisis del sector inmobiliario, el efecto de retroceso derivado de un programa de renovación de vehículos más reducido, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el descenso del crecimiento potencial. En el lado positivo, 2026 marca el inicio del 15.º Plan Quinquenal de China, del que se espera que ponga en marcha una nueva ola de iniciativas políticas y proyectos de inversión. Esto, junto con el apoyo fiscal anticipado, debería contribuir a reactivar la inversión en el sector manufacturero y en infraestructuras. Dicho esto, Pekín debe equilibrar cuidadosamente sus ambiciones estratégicas a largo plazo con el riesgo de crear un mayor exceso de capacidad que podría intensificar las presiones deflacionistas y sobre los márgenes. Mientras tanto, se espera que las exportaciones sigan siendo otro pilar del crecimiento, impulsadas por la demanda estructural de productos electrónicos relacionados con la inteligencia artificial y por un posible aumento de las ventas de vehículos eléctricos, dado el repunte de los precios del crudo. La eliminación de los aranceles impuestos en virtud de la IEEPA también podría suponer un factor favorable, pero la incertidumbre reinante sobre los aranceles estadounidenses sigue siendo elevada. El presidente Trump ya ha impuesto un arancel adicional del 10 % a todos los países durante un máximo de 150 días en virtud de la Sección 122 y ha iniciado nuevas investigaciones en el marco de la Sección 301 contra China, que no establecen ningún límite en los tipos arancelarios ni ningún plazo de vencimiento en caso de aplicarse. Además, el estallido de un conflicto militar en Oriente Medio y las severas restricciones al tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz también podrían lastrar los volúmenes comerciales.

Aunque Pekín está orientando poco a poco la oferta y la demanda hacia un mejor equilibrio, es probable que la transición del objetivo de deflación al de inflación (en torno al 2 %) sea gradual. A mediados de 2025, los responsables políticos pusieron en marcha una campaña «anti-involución» para regular la producción mediante un control directo de la capacidad, normas reguladoras más estrictas o una consolidación impulsada por el mercado. Estas medidas han contribuido a reducir la deflación del índice de precios al productor (IPP), aunque la mejora se ha limitado a un puñado de sectores de la fase inicial o intermedia de la cadena de valor. Entre ellos se incluyen el carbón, los metales no ferrosos, los componentes electrónicos y determinadas materias primas para sectores relacionados con las tecnologías verdes, donde la oferta está más consolidada y la coordinación de la producción resulta más sencilla. Por el contrario, la recuperación de los precios de los productos de la fase final de la cadena ha sido lenta. La recuperación persistentemente lenta del mercado de consumo ha limitado la capacidad de las empresas para repercutir el aumento de los costes de los insumos a los consumidores finales, lo que ha impedido una reflación generalizada. Dada la baja inflación y la reciente fortaleza del RMB, las políticas monetarias seguirán teniendo margen para mantener una postura de apoyo con el fin de hacer frente a la débil demanda interna, aunque el repunte de los precios de la energía y el objetivo de crecimiento más bajo puedan moderar el ritmo de la flexibilización.

Apoyo fiscal incremental limitado

Con un objetivo de crecimiento más bajo y una mayor flexibilidad política, el presupuesto de China para 2026 se mantiene prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Sin embargo, la magnitud global del apoyo fiscal sigue siendo considerable. La ratio del déficit fiscal global (excluida la cuota de emisión de bonos especiales del Estado) se mantiene sin cambios respecto a 2025, en el 4 % del PIB, lo que sigue estando por encima del umbral acordado desde hace tiempo del 3 %. La cuota para los bonos especiales del Gobierno central, que se han utilizado en los últimos años para financiar proyectos de construcción y subsidios al consumo, también se mantiene sin cambios en 1,3 billones de RMB (aproximadamente el 0,9 % del PIB). Además, la cuota de bonos especiales de las administraciones locales, que tradicionalmente se utiliza para financiar infraestructuras, pero que recientemente se ha ampliado para apoyar el desarrollo de sectores estratégicos y la estabilización del mercado inmobiliario, también se mantiene sin cambios respecto al año anterior, en 4,4 billones de RMB (aproximadamente el 3 % del PIB). En conjunto, las medidas siguen representando casi el 8 % del PIB, lo que sugiere que la consolidación fiscal aún no está a la vista. En un contexto de demanda interna moderada y presiones deflacionistas, seguirá siendo necesario un estímulo fiscal sostenido para respaldar el crecimiento. A lo que se suman los déficits estructurales de ingresos procedentes de la venta de terrenos, es probable que los déficits fiscales se mantengan elevados, con la ratio deuda/PIB en una trayectoria ascendente a medio plazo.

El superávit por cuenta corriente de China se disparó hasta alcanzar un máximo histórico de 735 000 millones de dólares (el 3,7 % del PIB) en 2025, frente a los 423 900 millones de dólares (el 2,4 % del PIB) de 2024. Esta mejora se debió principalmente al aumento del superávit comercial de bienes. A pesar del incremento de los aranceles estadounidenses, las exportaciones a la ASEAN y a otras regiones emergentes, como América Latina, han compensado en gran medida la disminución de los envíos con destino a EE. UU. La mejora también se vio respaldada por la demanda de productos electrónicos relacionados con la inteligencia artificial y por la débil demanda de importaciones. Por su parte, el déficit comercial de servicios se redujo, debido en gran medida al aumento del turismo receptor, respaldado por una mayor conectividad de vuelos directos y la ampliación de la política de exención de visado de 30 días a más países. En el ámbito financiero, las salidas netas de inversión extranjera directa también se redujeron, gracias en parte a una lista negativa más reducida para la inversión extranjera, que eliminó todas las restricciones al sector manufacturero y abrió aún más el sector de los servicios. En conjunto, estos acontecimientos han propiciado un repunte de la balanza de pagos global, lo que ha ejercido una presión al alza sobre el renminbi. Sin embargo, la presión a la apreciación de la moneda, combinada con el aumento de los precios del crudo y del gas, podría ralentizar la mejora de la balanza comercial de bienes, aunque es probable que el superávit global de la balanza por cuenta corriente se mantenga estable.

La competencia estratégica entre EE. UU. y China se mantiene intacta

Estados Unidos y China negociaron una tregua comercial en octubre de 2025, pero la competencia estratégica subyacente a medio plazo se ha mantenido intacta. Ambas partes han hecho concesiones con el fin de ganar tiempo para reducir gradualmente la dependencia mutua, al tiempo que conservan fuera del acuerdo una ventaja que podría reavivar fácilmente las tensiones. Estados Unidos acordó reducir a la mitad los aranceles del 20 % relacionados con el fentanilo, que posteriormente se retiraron por completo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos los declarara ilegales. Sin embargo, Washington no hizo concesiones en cuanto a la flexibilización de las restricciones a la exportación de chips avanzados ni a la modificación de sus compromisos militares con Taiwán. China, por su parte, accedió a retrasar los controles de exportación sobre otros cinco elementos de tierras raras (REE) y sus regulaciones extraterritoriales. Esto da a EE. UU. más tiempo para organizar cadenas de suministro de REE fuera de China, especialmente con Japón, Malasia y Vietnam. No obstante, se mantuvieron las restricciones a la exportación de siete tipos de tierras raras. Entre ellas se incluyen el disprosio y el terbio, que son materiales críticos para los chips de alto rendimiento y los equipos de defensa.

Más allá de EE. UU., las relaciones comerciales entre China y la UE parecen haber mejorado gracias a un acuerdo sobre un marco para sustituir los aranceles antisubvención (de hasta el 35 %) sobre los vehículos eléctricos chinos por compromisos de precios mínimos de importación. En respuesta, China impuso aranceles antidumping más bajos de lo previsto inicialmente a los productos lácteos de la UE. Dicho esto, la relación no es todo de color de rosa, dados los persistentes desequilibrios en el comercio de mercancías, las diferencias estructurales en las políticas industriales y las divergencias de opinión sobre el conflicto de Ucrania. Por el contrario, las relaciones comerciales entre China y Japón se han deteriorado gravemente tras las declaraciones japonesas sobre la participación militar en un posible conflicto en Taiwán. Esto llevó a China a restringir la exportación de productos de doble uso —incluidas las tierras raras, los drones y la electrónica avanzada— a 20 empresas japonesas que consideraba que estaban reforzando las capacidades militares de Japón.

Probablemente para evitar una confrontación directa con EE. UU. mientras concentra sus recursos militares cerca de sus fronteras, China ha mantenido un silencio público respecto a las recientes tensiones en Oriente Medio. A nivel nacional, ha dado prioridad a la seguridad del suministro de crudo y ha limitado las exportaciones de productos refinados. Actualmente está prohibida la exportación de gasolina, gasóleo y combustible de aviación, aunque los suministros a Hong Kong y Macao siguen estando exentos. Aunque la dependencia energética exterior global de China sigue siendo más moderada que la de otros países de la región, gracias a la abundancia de carbón nacional y al rápido crecimiento de las energías renovables, su dependencia del petróleo y el gas importados de Oriente Medio para el transporte y la industria sigue planteando riesgos significativos. Si a esto se suma la reciente intervención de EE. UU. en Venezuela —que ya ha desviado el crudo venezolano de su destino en China—, estos acontecimientos exponen a más del 15 % de las importaciones de crudo de China a posibles interrupciones. Si bien se han constituido reservas estratégicas de petróleo para amortiguar las crisis inmediatas, China tendrá que reajustar su estrategia de suministro energético diversificando sus compras entre múltiples socios y reduciendo su exposición a proveedores políticamente inestables.

Pago

El pago en efectivo se utiliza habitualmente en las transacciones minoristas nacionales presenciales. Debido a los estrictos controles de capital impuestos por las autoridades, una persona solo puede comprar hasta 50 000 dólares estadounidenses al año. Además, cuando una empresa china realiza un pago internacional en moneda extranjera, debe presentar una solicitud de pago en moneda extranjera ante el banco local, junto con la documentación justificativa, como contratos de venta y facturas. Todo el proceso puede resultar bastante largo y es posible que el banco rechace la transacción.

Las letras de aceptación comercial (CAD) y las letras de aceptación bancaria (BAD) son dos métodos de pago habituales para las empresas chinas. Se trata de dos instrumentos negociables: mientras que el CAD lo emiten las empresas para encargar al pagador que abone incondicionalmente la cantidad especificada al beneficiario en la fecha indicada, el BAD lo emite el solicitante de la aceptación, encargando al banco aceptante que efectúe el pago incondicional de una determinada cantidad de dinero al beneficiario o al portador en la fecha designada. En la práctica, el BAD se considera más seguro y, por lo tanto, más aceptado que el CAD.

También se utilizan las cartas de crédito y los cheques, pero son menos habituales en China. El uso de las cartas de crédito suele limitarse a las grandes empresas; y los cheques se utilizan con poca frecuencia tanto por particulares como por empresas.

Las transferencias bancarias SWIFT también se encuentran entre los medios de pago más populares, ya que son rápidas, seguras y cuentan con el respaldo de una red bancaria desarrollada, tanto a nivel internacional como nacional.

Cobro de deudas

Fase amistosa

El acreedor realiza llamadas telefónicas y envía cartas de cobro para instar al deudor a que abone la deuda. Si el deudor se muestra receptivo y reconoce la deuda, ambas partes negociarán planes de pago para intentar saldar la deuda. En caso de controversia, ambas partes deben llegar a un acuerdo u ofrecer un descuento sobre el importe de la deuda.

Procedimientos judiciales

El sistema judicial chino es complejo. Se divide en múltiples tribunales de distintos niveles. Los Tribunales Populares básicos se sitúan en el nivel más bajo, junto con los Tribunales Populares de condado o los Tribunales Populares municipales. Los Tribunales Populares básicos tienen competencia sobre la mayoría de los casos en primera instancia. Los tribunales populares intermedios se ocupan de determinados casos en primera instancia, como los casos importantes relacionados con el extranjero, así como de los procedimientos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por los tribunales populares básicos. En el nivel superior, los tribunales populares superiores resuelven los casos importantes en primera instancia. El Tribunal Popular Supremo se sitúa en el nivel más alto; se ocupa de cuestiones de interpretación y tiene competencia sobre los casos que tienen un impacto significativo a escala nacional.

Procedimiento acelerado

Si la deuda es puramente monetaria, no existen otras controversias entre el acreedor y el deudor, y la orden de pago puede notificarse al deudor, el acreedor puede solicitar al tribunal una orden de pago contra el deudor. El deudor dispone de 15 días para saldar la deuda tras la emisión de la orden; de lo contrario, deberá presentar un escrito de contestación antes de que venza el plazo de pago. Si el deudor no cumple con ninguna de estas obligaciones, el acreedor podrá solicitar la ejecución. Sin embargo, si el tribunal aprueba la contestación o la objeción por escrito del deudor y dicta una resolución por la que se anula la orden de pago de la deuda, esta quedará invalidada y el acreedor podrá optar por emprender acciones legales. En la práctica, los acreedores no suelen recurrir al procedimiento acelerado y inician inmediatamente un proceso judicial cuando fracasa la fase de negociación amistosa.

Procedimiento ordinario

El procedimiento judicial se inicia cuando el acreedor presenta la demanda y el escrito de demanda ante el tribunal con la jurisdicción correspondiente. Una vez admitida a trámite la demanda, se entregarán las citaciones judiciales a las partes implicadas. Normalmente, en el plazo de un mes se fijará la primera vista y el tribunal realizará un último intento de alcanzar un acuerdo de pago entre el acreedor y el deudor mediante mediación. Si no se llega a un acuerdo, el litigio continúa con varias rondas de vistas, antes de que el tribunal dicte sentencia.

En teoría, la sentencia en primera instancia podría dictarse en un plazo de seis meses tras la admisión a trámite del caso, pero, en la práctica, el procedimiento puede prolongarse a medida que aumenta la complejidad del caso (por ejemplo, cuando hay más de un acreedor o cuando interviene una parte extranjera). En algunos casos, todo el proceso puede prolongarse entre uno y dos años. Además, los procedimientos de apelación deben concluir en un plazo de tres meses a partir de la admisión de la apelación.

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Ejecución de una resolución judicial

Las sentencias nacionales, una vez obtenidas, pueden ejecutarse, por ejemplo, mediante el embargo de las cuentas bancarias o los bienes del deudor, o mediante una cesión de derechos. El acreedor puede solicitar la ejecución ante el Tribunal Popular o ante un agente de ejecución.

En el caso de las sentencias extranjeras, el reconocimiento y la ejecución se basan en las disposiciones de un tratado internacional celebrado o al que se hayan adherido tanto China como el país extranjero, o en virtud del principio de reciprocidad. En la práctica, la ejecución de laudos arbitrales extranjeros resulta más sencilla que la de sentencias judiciales extranjeras en China, ya que más de 150 países, incluida China, han firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros (Nueva York, 10 de junio de 1958).

Otro método de ejecución es el «Acuerdo sobre el reconocimiento y la ejecución recíprocos de sentencias en materia civil y mercantil» (REJA) entre China y Hong Kong. Existen acuerdos similares entre China continental y Macao, así como entre China continental y Taiwán. Estos acuerdos proporcionan una base jurídica para que los tribunales chinos ejecuten sentencias de Hong Kong, Macao y Taiwán. Permiten a los acreedores recurrir a los tribunales de Hong Kong, Macao y Taiwán para casos en China continental.

Procedimientos de insolvencia

Las partes pueden acordar planes de reestructuración de la deuda sin acudir a los tribunales. Sin embargo, dichos acuerdos no deben poner en peligro los intereses de ningún otro acreedor; de lo contrario, podrían ser declarados nulos posteriormente en cualquier procedimiento concursal ante los tribunales.

La Ley de quiebras de empresas de China de 2007 establece tres tipos de procedimientos formales de quiebra: quiebra, reorganización y conciliación.

PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN

Esto puede evitar que una empresa con abundantes activos, pero que atraviesa dificultades de liquidez, entre en quiebra. Tanto el deudor como el acreedor pueden solicitar al tribunal una reestructuración, lo que permite al deudor gestionar sus bienes bajo la supervisión de un administrador. El plan de reestructuración debe ser aprobado por la mayoría de los acreedores de cada categoría con derecho a voto (acreedores garantizados, empleados, etc.) en las juntas de acreedores, y posteriormente remitirse al tribunal para su aprobación en un plazo de diez días a partir de la fecha de su adopción.

Tras la puesta en marcha del plan de reestructuración, el administrador supervisará el cumplimiento por parte del deudor y presentará un informe al tribunal. El administrador o el deudor deben presentar una solicitud de aprobación ante el tribunal en un plazo de diez días a partir de la fecha de su adopción.

CONCILIACIÓN

Este procedimiento permite a la empresa saldar sus deudas con sus acreedores antes de que el tribunal declare la quiebra del deudor. El deudor presenta directamente una propuesta de pago al tribunal y, una vez recibida la aprobación judicial de dicha propuesta de pago transaccional, recuperará sus bienes y su negocio de manos de los administradores. El administrador supervisará el cumplimiento del deudor e informará al tribunal. Si el deudor incumple la propuesta de acuerdo, el tribunal dará por concluido este procedimiento y declarará al deudor en quiebra, tal y como solicitan los acreedores.

QUIEBRA

El procedimiento tiene por objeto liquidar una empresa insolvente y distribuir sus activos entre sus acreedores. La solicitud de quiebra debe presentarse ante el tribunal y puede ser presentada tanto en nombre del deudor como de un acreedor. Una vez aceptada la solicitud de quiebra, el tribunal nombrará a un administrador del comité de liquidación y se notificará al deudor en un plazo de cinco días, debiendo este presentar un estado financiero ante el tribunal en un plazo de 15 días. El administrador verificará los créditos y distribuirá los activos entre los acreedores. Una vez completada la distribución final, el tribunal recibirá el informe del administrador y decidirá si da por concluido el procedimiento en un plazo de 15 días.

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE QUIEBRA DE EMPRESAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 DE 2020:

En caso de que los acreedores soliciten la apertura de un procedimiento de quiebra de una empresa debido al impago de la deuda por parte del deudor como consecuencia de la pandemia o de las medidas de prevención de la misma, el tribunal popular deberá esforzarse por evitar la quiebra del deudor facilitando activamente la negociación de la deuda entre el deudor y el acreedor mediante medidas tales como el pago a plazos, la ampliación de los plazos de crédito o la revisión de los precios contractuales.

El tribunal deberá distinguir entre las empresas que se encuentran en dificultades financieras debido principalmente a la COVID-19 y aquellas que ya padecían dificultades financieras antes de la pandemia. En el primer caso, se evitará el procedimiento de quiebra, mientras que en el segundo, el tribunal permitirá que se declare la quiebra.

Última actualización: marzo de 2026