Francia

La actividad se ha visto lastrada de forma duradera por la incertidumbre política

En 2025, la actividad volvió a verse respaldada en gran medida por el gasto público y la recuperación continuada de las exportaciones aeroespaciales. Aunque la aprobación de los presupuestos de 2026 a principios de año redujo la incertidumbre política y fiscal a corto plazo, la demanda interna podría seguir viéndose afectada. El comportamiento de los hogares, cuyos ahorros por motivos de precaución han alcanzado niveles históricos, sigue siendo incierto. A pesar de una inflación persistentemente baja, que podría dar lugar a un crecimiento salarial en términos reales, se prevé que la creación de empleo siga ralentizándose.

Aunque la bajada de los tipos de interés fomentará una recuperación de la inversión en bienes de capital, como ocurrió en el tercer trimestre de 2025, este repunte también es incierto, tal y como demostró el retroceso registrado en el trimestre siguiente. A finales de 2025, la actitud de espera de las empresas también se tradujo en la creación de menos contratos indefinidos y más contratos de duración determinada. En un contexto de demanda persistentemente débil y de amortización continua de los préstamos garantizados por el Estado, las empresas seguirán enfrentándose a un entorno difícil. Se prevé que las quiebras se estabilicen en un nivel elevado, tras superar las 68 000 en 2025, lo que supone un 42 % más que antes de la pandemia. Dado que los presupuestos de 2026 no incluyen medidas significativas de recorte de gastos, se prevé que el gasto público vuelva a contribuir positivamente al crecimiento en 2026. Se espera que las exportaciones del sector aeroespacial continúen su repunte, a la vista de la cartera de pedidos; no obstante, otros sectores seguirán dependiendo de la inestable recuperación de la economía alemana.

La falta de una mayoría sólida frustra los intentos de reformar las finanzas públicas

En línea con los últimos años, el déficit presupuestario seguirá siendo muy elevado en 2026. La falta de una mayoría sólida no da lugar a recortes significativos del gasto ni a fuertes subidas de impuestos, en comparación con el presupuesto de 2025. Por lo tanto, la reducción del déficit público será muy gradual. Al mismo tiempo, los gastos por intereses seguirán aumentando rápidamente a raíz de los tipos de financiación, que se sitúan ahora entre los más altos de las principales economías de la zona del euro. La deuda pública seguirá aumentando rápidamente y su sostenibilidad será el principal reto para la economía francesa, en un contexto negativo de inestabilidad política.

Se prevé que el déficit por cuenta corriente se mantenga bajo en 2026. Las exportaciones estarán impulsadas por el sector aeronáutico, mientras que se espera que las importaciones se vean frenadas por unos precios del petróleo relativamente bajos. El superávit de la balanza de servicios (1,9 % del PIB) será insuficiente para compensar el déficit de la balanza de bienes (-2,1 % del PIB). El déficit por cuenta corriente se financia mediante emisiones de deuda o acciones cotizadas adquiridas por no residentes. A finales de septiembre de 2025, los no residentes poseían más de la mitad de los valores emitidos por organismos públicos (54 %), empresas no financieras (62 %) y bancos franceses (71 %).

Inestabilidad política provocada por una Asamblea Nacional históricamente fragmentada

En el poder desde 2017, el presidente Emmanuel Macron, del partido de centro-liberal «Renacimiento», fue reelegido para un segundo mandato en abril de 2022. Aunque volvió a derrotar a Marine Le Pen, del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), en la segunda vuelta, el margen fue más estrecho en 2022 (58,5 % frente a 41,5 %, en comparación con el 66 % frente al 34 % de 2017). En las elecciones parlamentarias que se celebraron dos meses después, su partido solo obtuvo 170 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento. La coalición con otros dos partidos de centro-derecha solo logró obtener un total de 250 escaños, lo que obligó al Gobierno a aprobar presupuestos y reformas sin someterlos a votación en la Asamblea Nacional debido a la falta de mayoría, corriendo así el riesgo de una moción de censura. En junio de 2024, tras la aplastante victoria del RN en las elecciones europeas, el presidente Macron decidió disolver la Asamblea Nacional. Las elecciones legislativas posteriores dieron lugar a una Asamblea Nacional aún más fragmentada, dividida en tres bloques, ninguno de los cuales contaba con mayoría absoluta. La alianza de izquierdas NFP obtuvo 192 escaños (incluidos 72 del partido de extrema izquierda LFI), la coalición centrista Ensemble, 164, y el RN, 143. El presidente Macron nombró primer ministro a Michel Barnier (LR, derecha), quien perdió una moción de censura en la Asamblea Nacional en diciembre de 2024, y posteriormente al centrista François Bayrou, quien a su vez perdió una moción de censura en septiembre de 2025.

Su sucesor, Sébastien Lecornu (centrista), también depende del apoyo de LR y de los socialistas. Al igual que sus predecesores, se encuentra bajo la amenaza constante de un voto de censura. Aunque fue nombrado por segunda vez por el presidente Macron tras dimitir en octubre de 2025 a raíz de un punto muerto en las negociaciones sobre el presupuesto de 2026, no se puede descartar el riesgo de un nuevo voto de censura o de su dimisión. A finales de diciembre de 2025, la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de 2026 obligó al Gobierno a aprobar una ley de emergencia para garantizar la continuidad del Estado francés. A principios de 2026, el Gobierno logró finalmente aprobar un presupuesto sin reducir significativamente el déficit gracias a las concesiones hechas al PS (recortes limitados del gasto) y a LR (subidas limitadas de impuestos). Como resultado, estos partidos no votaron a favor de las mociones de censura que siguieron a la aprobación del presupuesto.

A la luz de esta fragmentación sin precedentes, que hace imposible forjar una mayoría duradera, el escenario de disolver la Asamblea Nacional (la cámara baja del Parlamento) y convocar nuevas elecciones legislativas parece probable a largo plazo. El momento exacto en que se tomaría dicha decisión aún es incierto, sobre todo teniendo en cuenta que todas las miradas están ya puestas en las elecciones presidenciales de 2027, a las que probablemente seguirá una nueva ronda de elecciones legislativas. Sin embargo, dada la fragmentación y la polarización del panorama político, no es en absoluto seguro que de estas elecciones surja una mayoría estable. Por lo tanto, el riesgo de inestabilidad política sigue siendo especialmente elevado a corto plazo y, posiblemente, también a medio plazo.

Pago

Las tarjetas bancarias son actualmente la forma de pago más utilizada en Francia, aunque los cheques siguen siendo muy habituales. En términos de importe, los cheques y las transferencias siguen siendo las formas de pago más populares.

Si un cheque permanece impagado durante más de 30 días a partir de la fecha de su primera presentación, el beneficiario puede obtener inmediatamente un título ejecutivo (sin necesidad de más trámites ni costes). Esto se basa en un certificado de impago expedido por el banco del acreedor, tras un segundo intento infructuoso de presentar el cheque para su cobro y cuando el deudor no haya aportado prueba de pago en un plazo de 15 días a partir de la recepción de un requerimiento de pago notificado por un agente judicial (artículo L.131?73 del Código Monetario y Financiero).

Las letras de cambio, un método de pago mucho menos utilizado, son cada vez menos frecuentes en cuanto al número de operaciones, aunque siguen siendo importantes en términos de valor total. Las letras de cambio siguen siendo una solución atractiva para las empresas, ya que pueden descontarse o cederse y, por lo tanto, constituyen una valiosa fuente de financiación a corto plazo. Además, los acreedores pueden utilizarlas para iniciar procedimientos judiciales en materia de «derecho cambiario» (droit cambiaire) y resultan especialmente adecuadas para el pago a plazos.

Las transferencias bancarias para pagos nacionales o internacionales pueden realizarse a través de la red electrónica SWIFT utilizada por el sistema bancario francés. SWIFT ofrece una plataforma fiable para pagos rápidos, pero requiere confianza mutua entre los proveedores y sus clientes. Francia también forma parte de la red SEPA.

Cobro de deudas

Salvo que se indique lo contrario en las condiciones generales de venta, o se acuerde entre las partes, los plazos de pago se fijan en treinta días a partir de la fecha de recepción de la mercancía o de la prestación de los servicios solicitados. Los tipos de interés y las condiciones de aplicación deben estipularse en el contrato; de lo contrario, el tipo de interés aplicable es el que aplica el Banco Central Europeo en sus operaciones de refinanciación más recientes. Durante el primer semestre del año en cuestión, el tipo aplicable es el vigente el 1 de enero, y para el segundo semestre del año en cuestión, el tipo aplicable es el vigente el 1 de julio.

Fase de resolución amistosa

Durante esta fase, el acreedor y el deudor intentan alcanzar una solución amistosa mediante contacto directo con el fin de evitar procedimientos judiciales. Se analizan todos los documentos firmados entre las partes (como contratos y facturas). Siempre que sea posible, se puede conceder al deudor una prórroga para saldar sus deudas, negociándose la duración de dicha prórroga como parte del acuerdo amistoso.

Procedimientos judiciales

Orden de pago (injonction de payer)

Cuando una reclamación de deuda se deriva de un compromiso contractual y es a la vez líquida e indiscutible, los acreedores pueden recurrir al procedimiento de orden de pago (injonction de payer). Este sistema flexible utiliza formularios preimpresos y no exige a los solicitantes que expongan sus argumentos ante un tribunal de primera instancia (tribunal d’instance) o ante un tribunal mercantil competente (con jurisdicción sobre el distrito en el que se encuentran los domicilios sociales del deudor). Mediante este procedimiento, los acreedores pueden obtener rápidamente una orden judicial que, a continuación, es notificada por un agente judicial. El demandado dispone entonces de un plazo de un mes para impugnar el caso.

Procedimiento de urgencia

El «référé-provision» ofrece a los acreedores un medio rápido para el cobro de deudas. Si el deudor no comparece ni está representado durante la vista, puede dictarse una sentencia en rebeldía. A continuación, el tribunal dicta una resolución, normalmente en un plazo de siete a catorce días (aunque es posible que se dicten resoluciones el mismo día). La competencia se limita a las deudas que no puedan ser objeto de impugnación sustantiva. Si surgen dudas graves sobre el importe de la deuda, el juez de lo sumario no tiene competencia para dictar una resolución favorable. Las sentencias pueden ejecutarse de inmediato, incluso si el deudor interpone un recurso de apelación.

Si una reclamación resulta ser litigiosa, el juez competente para conocer de asuntos urgentes (juge des référés) evalúa si la reclamación está bien fundada. Si procede, el juez puede decidir posteriormente declararse incompetente para pronunciarse sobre el caso. En función de su valoración sobre la validez del caso, puede entonces invitar al demandante a solicitar una resolución mediante procedimientos judiciales formales.

Procedimientos ordinarios

Los procedimientos formales de este tipo permiten que el tribunal reconozca la validez de una reclamación. Se trata de un proceso relativamente largo que puede durar un año o más, debido al énfasis que se pone en el carácter contradictorio del procedimiento y a las numerosas fases que conlleva. Estas fases incluyen la presentación de documentos justificativos, los escritos de las partes litigantes, el examen de las pruebas, diversos receses para deliberaciones y, finalmente, la vista para los alegatos orales (audience de plaidoirie).

El procedimiento se inicia mediante un auto de citación (Assignation), que se notifica al deudor quince días antes de la primera vista procesal. Durante esta vista, el tribunal fija un plazo para el intercambio de alegaciones y la presentación de pruebas. Las resoluciones dictadas no son necesariamente ejecutables de inmediato. Para que puedan ejecutarse, deben notificarse primero al deudor. Además, están sujetas a recurso de apelación.

Ejecución de una resolución judicial

A menos que la resolución judicial sea ejecutable provisionalmente, la ejecución solo puede iniciarse si no se interpone recurso de apelación en el plazo de un mes y debe llevarse a cabo en un plazo de diez años a partir de la notificación de la resolución judicial. Se puede solicitar la ejecución forzosa si el deudor no cumple la sentencia. Las obligaciones de pago pueden ejecutarse mediante embargo (de cuentas bancarias o activos) o a través de un tercero que deba dinero al deudor (embargo de terceros).

Francia ha adoptado mecanismos de ejecución de las resoluciones dictadas por otros Estados miembros de la UE. Entre estos mecanismos se incluye el «orden de pago» en el marco del «título ejecutivo europeo». Las resoluciones dictadas por países no miembros de la UE pueden reconocerse y ejecutarse, siempre que el país emisor sea parte de un acuerdo bilateral o multilateral con Francia. A falta de un acuerdo, los demandantes están obligados a recurrir al procedimiento francés de exequátur.

Procedimientos de insolvencia

La legislación francesa en materia de insolvencia prevé seis procedimientos para llevar a cabo la reestructuración o evitar la insolvencia. Se trata de procedimientos asistidos o controlados por el tribunal.

PROCEDIMIENTOS ASISTIDOS

Pueden ser ad hoc por mandato o mediante procedimientos de conciliación. Ambos son procedimientos informales y amistosos, en los que no se puede obligar a los acreedores a aceptar un acuerdo de reestructuración y la dirección de la empresa sigue gestionando el negocio. Estas negociaciones se rigen por el derecho contractual durante toda su duración. Los procedimientos se llevan a cabo bajo la supervisión de un profesional designado por el tribunal (un «mandataire ad hoc» o un conciliador) con el fin de ayudar al deudor a alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Ambos tipos de procedimientos son confidenciales, pero la conciliación puede hacerse pública en última instancia si el deudor cuenta con la autorización del tribunal de lo mercantil. No obstante, los términos y condiciones de los acuerdos siguen siendo confidenciales y solo pueden revelarse a las partes firmantes.

PROCEDIMIENTOS CONTROLADOS POR LOS TRIBUNALES

Los cuatro tipos de procedimientos controlados por los tribunales son la reorganización judicial, la liquidación judicial, la «sauvegarde» y el procedimiento de «sauvegarde financiera acelerada» (AFS).

En los cuatro procedimientos, cualquier reclamación presentada con anterioridad queda automáticamente suspendida. Los acreedores deben presentar la justificación de sus reclamaciones en un plazo de dos meses a partir de la publicación de la sentencia de apertura, o de cuatro meses en el caso de los acreedores ubicados fuera de Francia. Las deudas que surjan tras el inicio del procedimiento tienen prioridad sobre las contraídas con anterioridad. El tribunal puede anular determinados tipos de operaciones si el deudor las ha realizado durante un período de «endurecimiento» (antes de que se dicte una resolución por la que se inicie una reorganización judicial o una liquidación judicial).

En los procedimientos controlados por el tribunal puede haber variaciones en el grado de intervención del conciliador designado por el tribunal. Los procedimientos de «sauvegarde» y AFS son procedimientos en los que el deudor conserva la gestión de la empresa, pero en el caso de la reorganización judicial, el tribunal puede decidir si destituye a los directivos de la empresa. El papel de la dirección se ve especialmente reducido en los casos de liquidación judicial, ya que la empresa deudora suele dejar de ejercer su actividad. No obstante, el tribunal puede decidir que la empresa continúe operando bajo la supervisión de un liquidador designado por el tribunal.

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Última actualización: febrero de 2026