Irlanda

Factores que impulsan un fuerte crecimiento del PIB

La economía irlandesa se acelerará en 2025 tras una ligera mejora en 2024 (+1,2 % en 2024 tras un -5,5 % en 2023), respaldada por un presupuesto generoso que impulsa tanto el gasto privado como el público. Un desempleo estable y bajo, junto con el aumento de los salarios reales —además de medidas fiscales favorables— impulsarán aún más el consumo de los hogares. La inversión privada y el gasto de los hogares también se beneficiarán de nuevas bajadas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, lo que aliviará las condiciones financieras. Los Presupuestos de 2025 incluyen tanto aumentos en el gasto corriente como en las inversiones (sanidad, infraestructuras y vivienda), lo que debería respaldar aún más el crecimiento.

Sin embargo, persisten los riesgos externos. Los profundos vínculos de Irlanda con la economía estadounidense —tanto directamente a través de la presencia de multinacionales como a través del turismo— la dejan expuesta a posibles cambios en la política estadounidense, especialmente si las tendencias aislacionistas ganan terreno. Al mismo tiempo, una recuperación europea lenta podría plantear retos para las exportaciones irlandesas, creando un contexto más incierto para la economía, aunque la demanda interna siga siendo un motor clave del crecimiento.

Las insolvencias empresariales han aumentado considerablemente en los últimos años, con un incremento anual de casi el 30 % durante tres años consecutivos. Hasta ahora, esta tendencia se ha concentrado en las pequeñas y microempresas, especialmente en el sector de la hostelería. Aunque se espera que el ritmo de aumento se ralentice, un nuevo incremento de las insolvencias sigue siendo el escenario más probable para 2025.

Un presupuesto generoso no altera el superávit público

Se prevé que 2025 sea otro año de saldo público positivo en Irlanda, aunque se espera que el superávit se reduzca con respecto al máximo alcanzado en 2024, a medida que aumente el gasto público, tal y como se recoge en los recientes presupuestos. No obstante, los sólidos ingresos fiscales —impulsados por una economía resistente y un bajo nivel de desempleo— seguirán respaldando la estabilidad fiscal. A pesar del aumento del gasto público, estas sólidas fuentes de ingresos permitirán al Gobierno mantener la salud financiera, mientras que se prevé que la deuda pública continúe su trayectoria descendente.

Se prevé que el superávit por cuenta corriente de Irlanda se mantenga positivo en 2025, respaldado en gran medida por el sólido saldo de la balanza de bienes. No obstante, sigue siendo muy sensible a los riesgos externos, en particular a las políticas aislacionistas de EE. UU. y a la posibilidad de que se impongan nuevos aranceles a la UE, lo que podría alterar la dinámica comercial. Se espera que la balanza de servicios se mantenga prácticamente equilibrada, con una volatilidad continuada debido a las transacciones de propiedad intelectual de las empresas multinacionales. Mientras tanto, persiste el déficit estructural de la balanza de rentas debido a la importante repatriación de beneficios por parte de las multinacionales.

Aunque las empresas multinacionales siguen desempeñando un papel crucial en el panorama económico de Irlanda, sus contribuciones fiscales y su presencia en el comercio irlandés siguen constituyendo una vulnerabilidad clave, ya que el sólido equilibrio presupuestario y de la balanza por cuenta corriente del Gobierno depende en gran medida de estos ingresos.

Las elecciones generales dieron lugar a una estabilidad continuada

Las elecciones generales anticipadas de noviembre de 2024 dieron lugar a una coalición de gobierno similar, liderada por el taoiseach Michael Martin, formada por el Fianna Fáil y el Fine Gael con el apoyo de siete independientes (lo que suma un total de 93 escaños de 174). El Sinn Féin, el partido de izquierdas a favor de la independencia de Irlanda, obtuvo dos escaños más que en las elecciones de 2020, pero consiguió una menor proporción de votos de primera preferencia y obtuvo unos resultados significativamente peores que los que había registrado en las encuestas a principios del año pasado. La vivienda, la sanidad y el coste de la vida fueron los principales temas destacados por los votantes.

Además de mejorar los servicios sanitarios y la vivienda, el aumento del gasto en defensa es una cuestión importante para el nuevo Gobierno en 2025, en un contexto de debates en curso tanto con la UE como con el Reino Unido sobre cómo mejorar las capacidades de defensa de Irlanda. A pesar de la mayor atención prestada a la defensa, la perspectiva de adherirse a la OTAN sigue siendo poco probable en un futuro inmediato.

Pagos

Los cheques siguen utilizándose tanto en transacciones comerciales nacionales como internacionales; sin embargo, para las transacciones internacionales se prefiere el uso de letras de cambio, junto con las cartas de crédito. Las transferencias bancarias son habituales, y las transferencias SWIFT se utilizan con frecuencia. Los débitos directos y las órdenes permanentes también están ganando reconocimiento como método de pago eficaz, y resultan especialmente útiles para las transacciones nacionales. La cesión de facturas se acepta tanto antes como después del suministro de bienes y/o servicios.

Cobro de deudas

A falta de una cláusula específica sobre intereses, el tipo aplicable a los contratos comerciales celebrados después del 7 de agosto de 2002 (Reglamento n.º 388 de 2002) es el tipo de referencia (el tipo de refinanciación del Banco Central Europeo, vigente antes del 1 de enero o del 1 de julio del año correspondiente), incrementado en siete puntos porcentuales y aplicado a los contratos mediante un porcentaje calculado por cada día de demora. En el caso de reclamaciones que superen los 1 270 €, se puede amenazar a los deudores con una «notificación judicial» para la liquidación (cierre) de su empresa si no efectúan el pago o llegan a un acuerdo aceptable en un plazo de tres semanas tras recibir una notificación judicial de pago (un «plazo de 21 días»).

Fase amistosa

El proceso de cobro de deudas suele comenzar con el envío al deudor de un requerimiento de pago, seguido de una serie de comunicaciones escritas adicionales, llamadas telefónicas, visitas personales y reuniones con el deudor. Si las dos partes no logran alcanzar un acuerdo amistoso, el acreedor puede iniciar un procedimiento judicial.

Procedimientos judiciales

Si el demandado no responde en el plazo establecido a una citación judicial (ya sea una citación plenaria o sumaria ante el Tribunal Superior, una demanda civil ante el Tribunal de Circuito o una citación civil ante el Tribunal de Distrito), el acreedor podrá obtener una sentencia en rebeldía basándose en la presentación de una declaración jurada de deuda sin necesidad de celebrar una vista judicial. Una declaración jurada de deuda es una declaración bajo juramento que justifica el importe pendiente y el fundamento de la reclamación. Lleva una firma certificada por un notario o una oficina consular irlandesa. El importe de la reclamación determinará el tribunal competente: el Tribunal de Distrito, a continuación el Tribunal de Circuito y, para reclamaciones que superen los 38 092,14 €, el Tribunal Superior de Dublín, que tiene competencia ilimitada para conocer de asuntos civiles y penales y para evaluar, en primera instancia, la constitucionalidad de las leyes promulgadas por el Parlamento (Oireachtais).

Procedimiento acelerado 

En cualquiera de los tres tribunales, si la deuda es cierta e indiscutible, también es posible solicitar una sentencia sumaria por vía rápida ante el tribunal competente.

Tribunal de Distrito: importes de hasta 6 348 €

En el caso de las deudas impugnadas, se notifica al deudor una citación civil, en la que se exponen los motivos de la demanda y el importe que se alega que se adeuda. A continuación, el deudor presenta un «Aviso de intención de defenderse», en el que indica que tiene intención de impugnar el caso, momento en el que el tribunal fija una fecha para la vista. El caso se tramita ante un juez, que decide si dicta una resolución (un «decreto»).

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En este caso, se entrega un escrito civil al deudor, quien presenta una comparecencia (documento formal en el que el deudor manifiesta su intención de comparecer). A continuación, el deudor solicita formalmente, mediante la presentación de un escrito de solicitud de aclaraciones, información sobre la reclamación, que debe facilitar el acreedor. El deudor debe presentar una contestación a la demanda en el plazo establecido. A continuación, el acreedor envía al demandado una notificación formal en la que le informa de la fecha de la vista. Durante dicha vista, cada parte defiende su postura y el juez dicta una resolución.

Tribunal Superior: para importes superiores a 38 093 EUR

Tribunal Superior: importes superiores a 38 093 EUR

Ante el Tribunal Superior, se notifica una citación sumaria al deudor, quien a continuación presenta un escrito de comparecencia. El acreedor presenta una solicitud al magistrado del Tribunal Superior para que dicte sentencia mediante una moción y con el respaldo de una declaración jurada. El deudor puede responder a la demanda mediante una declaración jurada. Si el magistrado considera que la deuda es exigible y vencida, se concede la autorización para dictar sentencia definitiva. Sin embargo, si el secretario judicial considera que el deudor plantea una controversia genuina, el asunto se remite a una vista plenaria. Durante la vista plenaria, se examinan los fundamentos del asunto, ya sea mediante pruebas orales o declaraciones juradas. Un tribunal del Tribunal Superior conoce del asunto y dicta una resolución.

El tribunal mercantil —una sala especial del Tribunal Superior, creada en 2004— es competente para conocer de los litigios mercantiles que superen el millón de euros, incluidos en una lista mercantil, o de los asuntos relativos a la propiedad intelectual, y está capacitado para llevar a cabo un examen adecuado y rápido de los asuntos que se le someten. A discreción del juez mercantil, el procedimiento puede aplazarse hasta 28 días para que las partes puedan recurrir a prácticas alternativas de resolución de litigios, como la conciliación o la mediación.

Normalmente, obtener una resolución puede llevar un año. Sin embargo, este plazo puede duplicarse si se requiere la ejecución forzosa. Los recursos de apelación interpuestos ante el Tribunal Supremo pueden prolongarse otros tres años.

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Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia es ejecutable tan pronto como adquiera carácter definitivo. Si el deudor no cumple la sentencia, el acreedor puede solicitar al tribunal competente que ordene la ejecución mediante el embargo y la venta de los bienes del deudor por parte del alguacil. También existe la posibilidad de obtener el pago de una deuda a través de un tercero que adeude dinero al deudor (orden de embargo de terceros).

En el caso de las resoluciones extranjeras, la ejecución depende de si la resolución se ha dictado en un Estado miembro de la UE o en un país fuera de la UE. En el primer caso, Irlanda ha adoptado mecanismos de ejecución, como la orden de pago de la UE o el título ejecutivo europeo cuando la reclamación es indiscutible.

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Procedimientos de insolvencia

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PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Pueden llevarse a cabo negociaciones informales, y cualquier acuerdo debe ser aprobado por unanimidad por todos los acreedores.

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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

La administración judicial es un procedimiento jurídico irlandés mediante el cual se obtiene la protección judicial para facilitar la supervivencia de una empresa; a continuación, la empresa puede reestructurarse con la aprobación del Tribunal Superior. Prevé un plazo máximo de 100 días durante el cual un funcionario designado por el tribunal (el examinador) asume el control de la empresa y la gestiona para que pueda seguir operando. El procedimiento puede ser iniciado por la empresa, sus administradores o uno de sus acreedores. Una vez nombrado el examinador, no se podrá iniciar ningún procedimiento contra la empresa. Sus funciones consisten en examinar la situación de la empresa y formular propuestas para su supervivencia. El examinador debe formular propuestas de acuerdo o plan de reestructuración para facilitar la supervivencia de la entidad en cuestión como empresa en funcionamiento. Dichas propuestas pueden ser aceptadas por los acreedores, pero deben ser validadas por el tribunal.

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Este procedimiento surge en el contexto de los acreedores garantizados y proporciona un marco en el que estos pueden actuar para hacer valer su garantía real. Un administrador judicial es designado para una empresa, ya sea por un titular de obligaciones o por el tribunal, con el fin de asumir el control de los activos de la empresa, con el objetivo de garantizar el reembolso de la deuda contraída con el titular de las obligaciones, ya sea mediante la percepción de ingresos o la realización del valor del activo gravado.

LIQUIDACIÓN

Proceso definitivo mediante el cual se liquida y disuelve una empresa; este proceso lo lleva a cabo un liquidador, que toma posesión de los activos y distribuye el producto de su venta de acuerdo con el orden de prioridad de pago. El liquidador también está obligado a investigar la conducta de los administradores de la empresa y a elaborar un informe para la Oficina del Director de Ejecución Corporativa (ODCE). En función de la opinión de esta, también se le puede exigir al liquidador que inicie procedimientos de restricción contra uno o varios de los administradores. El procedimiento puede ser iniciado por un tribunal competente (liquidación judicial), por los acreedores (liquidación voluntaria por los acreedores) o por los deudores (liquidación voluntaria por los socios).

Última actualización: marzo de 2025