Libia

Un país dividido en dos

La revolución de 2011 y la caída de Muamar el Gadafi tras 42 años en el poder sumieron a Libia en un periodo de inestabilidad que, en última instancia, condujo a la división de facto del país a partir de 2014. En el oeste, el Gobierno de Unidad Nacional (GNU), liderado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah desde Trípoli y respaldado por el Alto Consejo de Estado, es la única autoridad ejecutiva reconocida por la comunidad internacional. En el este, el Gobierno de Estabilidad Nacional (GNS), encabezado por el primer ministro Osama Hammad y con sede entre Sirte y Bengasi, cuenta con el respaldo de la Cámara de Representantes desde 2022, tras el aplazamiento indefinido de las elecciones presidenciales y parlamentarias inicialmente previstas para 2021. El GNS cuenta con el apoyo del Ejército Nacional Libio (LNA) del mariscal de campo Khalifa Haftar, que ostenta de hecho el poder real en la región. La mayor parte de los recursos de petróleo y gas de Libia se encuentran en territorios bajo el control del LNA. Esta dualidad institucional, encarnada por dos administraciones rivales rodeadas de una multitud de milicias armadas, sigue socavando gravemente la gobernanza y el desarrollo económico.

Aunque la reconciliación política sigue siendo una perspectiva lejana, varios acontecimientos recientes han suscitado esperanzas de una cooperación más estrecha entre ambas partes. Cabe destacar que el Banco Central de Libia (CBL), con sede en Trípoli, se reunificó en 2023. La institución reviste una importancia estratégica especial, ya que recauda y redistribuye los ingresos del petróleo, que representan prácticamente la totalidad de los ingresos del Gobierno. Más recientemente, con el respaldo de la mediación estadounidense, las facciones del este y del oeste aceptaron conjuntamente un presupuesto unificado para 2026, el primero en más de una década. En agosto de ese mismo año, ambas partes firmaron también un acuerdo patrocinado por la ONU destinado a organizar elecciones en un plazo máximo de 24 meses. Sin embargo, este calendario sigue estando condicionado a la creación de una autoridad ejecutiva unificada y de instituciones nacionales. No obstante, la inestabilidad política persiste, como ilustra el intento de dimisión del gobernador del Banco Central, Naji Issa, durante el verano de 2026, a pesar de haber sido nombrado dos años antes para estabilizar la gestión de los ingresos del petróleo. En el ámbito de la seguridad, la Comisión Militar Conjunta (5+5), creada en virtud del acuerdo de alto el fuego de 2020, sigue siendo uno de los principales canales de diálogo entre los bandos opuestos.

La fragmentación política de Libia también viene determinada por la competencia entre potencias extranjeras rivales. Trípoli se beneficia del apoyo político y militar de Turquía, así como del respaldo financiero y diplomático de Catar. Por el contrario, el bando oriental cuenta con el apoyo de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia, que busca reforzar su presencia tanto en África como en el Mediterráneo, en particular a través del Cuerpo Africano (antes conocido como Grupo Wagner). No obstante, el alivio de las tensiones entre varias potencias regionales que apoyan a facciones opuestas ha reducido el margen para la confrontación por poder y ha fomentado un enfoque más pragmático centrado en preservar la estabilidad y mantener el equilibrio de poder.

El crecimiento depende en gran medida del petróleo

Dado que los hidrocarburos representan más del 60 % del PIB de Libia, se prevé que el crecimiento económico se ralentice en 2027 a medida que los precios del petróleo se normalicen, suponiendo que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a largo plazo. No obstante, la actividad debería seguir respaldada por el aumento de la producción de petróleo, tras la media récord de casi 1,4 millones de barriles al día alcanzada en 2026 —el nivel más alto en más de una década—, siempre que se mantenga una estabilidad política y de seguridad relativa. Por lo tanto, se prevé que el sector extractivo atraiga la mayor parte de la inversión privada extranjera, ya que las autoridades pretenden aumentar la producción hasta los dos millones de barriles al día para 2030. Sin embargo, la adjudicación de solo cinco de los 22 bloques ofrecidos por la Corporación Nacional del Petróleo (NOC) en su ronda de concesión de licencias de 2025 —la primera desde 2007— pone de relieve las dificultades para conciliar las ambiciones de Libia con los requisitos de las empresas petroleras internacionales, que están regresando con cautela al país. En el sector del gas, la NOC sigue desarrollando el proyecto marítimo «Structures A&E» (8.000 millones de dólares) en colaboración con la italiana Eni. Con su puesta en marcha prevista para 2027, el proyecto debería contribuir a mejorar la generación de electricidad en un momento en el que los cortes de suministro siguen siendo frecuentes.

Además, la aprobación de un presupuesto unificado para 2026 debería facilitar la financiación de proyectos de desarrollo y reconstrucción, al tiempo que mejora la coordinación de las políticas económicas entre las instituciones rivales. Este primer paso hacia la reunificación podría reactivar los debates sobre el levantamiento gradual de la congelación de una parte del fondo soberano de Libia, que asciende a aproximadamente 80 000 millones de dólares, con el objetivo de financiar proyectos de inversión específicos. Congelados desde 2011 en virtud de las sanciones internacionales, estos activos están, en principio, vinculados al establecimiento de un gobierno elegido.

Dada la abrumadora dependencia de Libia del petróleo, que genera más del 95 % de los ingresos públicos, el elevado gasto público seguirá respaldando el consumo de los hogares, aunque en menor medida que en 2026, ya que el sector público sigue siendo el principal empleador del país, representando alrededor del 80 % del empleo formal. Por el contrario, se prevé que el sector privado no petrolero siga estando poco desarrollado y sea en gran medida informal. La inflación, que probablemente se subestime a pesar del reciente cambio en la metodología de cálculo, debería moderarse ligeramente en 2027, principalmente debido a un efecto de base derivado de la devaluación del dinar libio en enero de 2026, que incrementó sustancialmente los costes de importación. Libia sigue dependiendo en gran medida de las importaciones, que equivalen a alrededor del 65 % del PIB en 2025. No obstante, la inflación seguirá lastrando el poder adquisitivo de los hogares. La devaluación, junto con la supresión del impuesto del 15 % sobre las transacciones de divisas en marzo de 2026, contribuyó a reducir la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo, aunque este último sigue financiando casi el 60 % de las importaciones del país.

Situación fiscal persistentemente incierta

La situación fiscal de Libia sigue estando estrechamente ligada al sector de los hidrocarburos. A pesar de la probable normalización de los precios del petróleo en 2027, se prevé que se mantenga el superávit presupuestario, respaldado en particular por el aumento de la producción de petróleo y gas. Esto prolongaría la recuperación de las finanzas públicas observada tras varios años de déficits sustanciales. La aprobación de un presupuesto unificado también debería mejorar la transparencia y la coordinación del gasto público, que hasta ahora había sido gestionado por separado por las dos administraciones rivales del país. Además, permitiría reintegrar en los canales oficiales parte de los ingresos que antes se desviaban del marco presupuestario formal. En virtud del acuerdo, el Gobierno de Unidad Nacional (GNU) seguirá siendo responsable del gasto corriente, mientras que el gasto en capital fijo lo determinará un comité conjunto en el que estarán representadas ambas partes, bajo la supervisión del Banco Central de Libia (CBL). Más concretamente, la disminución de los ingresos no tributarios derivada de la supresión del impuesto sobre las transacciones de divisas no debería suponer un obstáculo para la continuidad de la inversión pública. Siguiendo las recomendaciones del CBL, también se espera que las autoridades traten de contener el crecimiento de la masa salarial del sector público y de los subsidios a la energía, que representaron, respectivamente, el 30 % y el 20 % del PIB en 2025, aunque es probable que los avances sigan siendo limitados.

El mantenimiento de un superávit presupuestario, aunque menor, junto con un sólido crecimiento nominal y la reducción gradual de los mecanismos de financiación paralelos, debería contribuir a reducir la deuda pública como porcentaje del PIB. La reducción de la deuda, sin embargo, sigue siendo una preocupación secundaria. La deuda pública libia está en gran parte en manos del Banco Central de Libia (CBL), que financia al Gobierno mediante el uso de sus reservas de divisas, y está denominada en moneda local. Al consistir principalmente en anticipos y créditos dentro del sector público, solo impone restricciones financieras limitadas al Estado, ya que no conlleva ni pagos de intereses ni calendarios de amortización fijos.

Tras un fuerte aumento en 2026 impulsado por el alza de los precios del petróleo, se prevé que el superávit por cuenta corriente se reduzca en 2027. Es probable que la bajada de los precios mundiales del petróleo laste los ingresos por exportaciones, a pesar del crecimiento continuado de la producción de petróleo y gas. Las importaciones se mantendrán fuertes, respaldadas por el gasto en reconstrucción, los proyectos de infraestructura y la inversión en el sector energético. Se prevé que el déficit de servicios se mantenga elevado debido a la gran dependencia de Libia de la experiencia extranjera para la ejecución de proyectos de inversión a gran escala. A pesar de la reducción del superávit por cuenta corriente, la posición exterior debería seguir siendo sólida gracias a las sustanciales reservas de divisas —equivalentes a más de 30 meses de importaciones— y a las continuas entradas de inversión extranjera directa. Se prevé que estas inversiones sigan concentrándose en el sector de los hidrocarburos, pero seguirán viéndose obstaculizadas por la fragmentación institucional, la incertidumbre política y un entorno empresarial desfavorable, lo que llevará a muchos inversores a posponer sus compromisos más importantes.

Última actualización: agosto de 2026