Marruecos

Perspectivas de crecimiento favorables a pesar de la menor demanda exterior

La economía marroquí registró un buen comportamiento en 2025 a pesar de la volatilidad del entorno económico mundial. La agricultura (el 9 % del PIB y el 27 % del empleo en 2024) comenzó a recuperarse tras tres años consecutivos de malas cosechas debido a las sequías, a pesar de que los volúmenes de producción se mantuvieron en torno a un 10 % por debajo de los niveles de 2021. Las industrias extractivas (fosfatos), la automoción, la construcción y los servicios (comercio minorista, turismo y finanzas) siguieron siendo sólidos motores de crecimiento, respaldados por los flujos de inversión (tanto nacionales como extranjeros) en estos sectores.

La dinámica debería mantenerse en líneas generales similar en 2026. Salvo que se produzcan condiciones meteorológicas extremas, la agricultura debería seguir contribuyendo al crecimiento, ya que las cosechas se beneficiarán de unas precipitaciones más abundantes en el segundo semestre de 2025. La construcción será un potente motor de crecimiento, ya que los preparativos para la Copa del Mundo de la FIFA de 2030 impulsarán la inversión en infraestructuras, como la nueva terminal del aeropuerto Mohamed V de Casablanca (con una inversión prevista de 1 000 millones de dólares), la ampliación de la línea de alta velocidad Tánger-Kenitra hasta Marrakech y el Estadio Hassan II (490 millones de dólares), que se convertirá en el estadio de fútbol más grande del mundo. Además, las autoridades también pretenden potenciar la actividad en las provincias del sur mediante inversiones en zonas económicas y centros logísticos (El Argoub, El Guerguerat, Dajla). También continuarán las inversiones en energía (especialmente en energías renovables) y en agua (presas), como parte de los esfuerzos por alcanzar la soberanía energética. Es probable que el crecimiento del sector manufacturero se reduzca, debido principalmente a la débil demanda del sector del automóvil en Europa, que afectará a los volúmenes de producción y exportación. La actividad en el sector textil y de la confección también seguirá siendo escasa debido a la deprimida demanda externa. Los servicios seguirán siendo el principal motor de crecimiento. Las llegadas de turistas, que ya alcanzaron un máximo histórico de 19,8 millones de visitantes en 2025 (+14 % interanual), deberían seguir aumentando, aunque a un ritmo más lento. Los servicios financieros se mantendrán dinámicos, dada la creciente atractivo de Marruecos como centro financiero (a través de la Casablanca Finance City) y la presencia de grandes bancos marroquíes en África Occidental y Central. Por el lado de la demanda, la inversión seguirá siendo el principal motor, con el componente público centrado en las infraestructuras y el privado orientado hacia los sectores y servicios de alto rendimiento. El consumo también se mantendrá sólido, respaldado por el crecimiento salarial, así como por una inflación baja y estable. La inflación se mantendrá por debajo del 2 % y las expectativas están bien ancladas, por lo que es probable que el banco central (Bank al-Maghrib) mantenga su actual orientación de política monetaria. El banco central ha mantenido el tipo de interés de referencia en el 2,25 % desde marzo de 2025.

A pesar del elevado gasto público, la trayectoria fiscal sigue siendo sostenible

Aunque la trayectoria fiscal ha mejorado en los últimos años, la reducción del déficit público sigue siendo muy gradual. Los ingresos han aumentado significativamente (se estima un +16 % interanual en 2025) gracias a las medidas de consolidación fiscal aplicadas al impuesto sobre la renta y al impuesto de sociedades desde 2023, así como al aumento de los ingresos procedentes del IVA y otros impuestos sobre el consumo; sin embargo, también lo han hecho los gastos (+15,6 % en el mismo periodo), impulsados por los fuertes incrementos de la masa salarial y los pagos de intereses. Se prevé que esta tendencia se mantenga en 2026, con una ligera mejora del déficit público. El crecimiento del gasto público seguirá estando impulsado por los gastos corrientes, incluida la masa salarial (+8,4 %), ya que el salario mínimo mensual en el sector público se incrementó un 12,5 % en 2025 (de 4 000 MAD a 4 500 MAD). Además, se prevé que la financiación destinada a sanidad y educación aumente en más de un 15 % como parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno tras las protestas de octubre de 2025 (véase la sección siguiente). Por el contrario, los pagos de intereses y el gasto en inversión deberían reducirse ligeramente con respecto a 2025. Dado que 2026 es un año electoral y teniendo en cuenta el tenso clima social, el gasto podría sobrepasar el presupuesto. El crecimiento de los ingresos seguirá beneficiándose de la sólida actividad económica, tanto en lo que respecta a los impuestos directos como a los indirectos, así como de las medidas adicionales introducidas para mejorar el sistema tributario en el proyecto de ley de presupuestos de 2026. Estas se centran principalmente en integrar mejor el sector informal en la economía, luchar contra el fraude y armonizar las normas fiscales. La línea de crédito flexible de Marruecos con el FMI (de unos 4 500 millones de dólares) se renovó en abril de 2025 por un período de dos años y las autoridades la consideran una medida de precaución que se utilizará en caso de perturbaciones económicas adversas. Dado que el déficit se está estabilizando gradualmente en términos generales, la ratio deuda/PIB disminuirá gracias a un crecimiento más sólido. La deuda pública de Marruecos es bastante resistente a las perturbaciones externas debido a su estructura (un 75 % de deuda interna, denominada en dirhams y con vencimientos principalmente a medio y largo plazo) y al régimen cambiario del país (paridad ponderada con bandas de fluctuación ajustables).

Sólida posición exterior a pesar de las elevadas necesidades de importación

Aunque sus factores determinantes se mantendrán prácticamente sin cambios en 2026, el déficit por cuenta corriente se ampliará ligeramente. Esto se deberá principalmente a un aumento del ya considerable déficit comercial. Las exportaciones de fosfato, que han experimentado un gran dinamismo en los últimos años, se ralentizarán debido a la caída prevista de los precios del fosfato diamónico. Aunque la industria automovilística marroquí sigue siendo competitiva en términos de costes, la débil demanda en Europa lastrará los volúmenes de exportación. Del mismo modo, las exportaciones de prendas de vestir seguirán enfrentándose a una débil demanda exterior. Las importaciones seguirán aumentando a pesar de la bajada de los precios del petróleo, impulsadas por las compras de bienes de equipo para proyectos de infraestructura y por la sólida demanda interna. Sin embargo, el déficit comercial estructural de Marruecos se compensa en gran medida con el superávit de servicios —impulsado por los ingresos del turismo— y con el superávit de rentas secundarias, que se beneficia de las sólidas entradas de remesas procedentes de los trabajadores expatriados afincados en la UE y en los países del Golfo. El déficit se financiará holgadamente mediante préstamos externos y la inversión extranjera directa (entradas netas estimadas en el 1,5 % del PIB). Las reservas de divisas, que cubrían alrededor de 5,5 meses de importaciones a finales de 2025, son adecuadas y deberían seguir siéndolo en 2026.

Se acercan las elecciones en un clima social tenso

Las elecciones generales marroquíes de 2021 supusieron un cambio considerable en la composición del Parlamento después de que la Agrupación Nacional de Independientes (RNI) se convirtiera en el partido más votado, con 102 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes y 27 de los 120 escaños de la Cámara de Consejeros. Su líder, Aziz Akhannouch, formó posteriormente un gobierno de coalición con el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM, 87 y 19 escaños) y el Partido Istiqlal (PI, 81 y 17 escaños), lo que le otorgó la mayoría absoluta en ambas cámaras. Las próximas elecciones a la Cámara de Representantes están previstas para septiembre de 2026. Akhannouch anunció que no se presentaría a las próximas elecciones legislativas, por lo que es probable que el próximo líder del RNI sea Mohamed Chouki, actual presidente del grupo parlamentario. Se espera que se mantenga en el poder más o menos la misma coalición, aunque el reparto de escaños podría variar ligeramente, ya que la oposición está demasiado fragmentada para hacer frente a la alianza RNI-PAM-PI. Sin embargo, el clima social, que ya era tenso en 2025, obligará a los partidos a ir más allá de la simple promesa de continuidad y a abordar adecuadamente los problemas sociales. En particular, la relación entre la juventud del país y la esfera política se ha deteriorado en los últimos años. Esto culminó en las protestas de GenZ 212 en octubre de 2025, en las que las principales quejas se centraron en el gasto insuficiente en sanidad y educación frente al gasto excesivo en infraestructuras deportivas, la falta de oportunidades (y el elevado desempleo juvenil urbano), la desigualdad social y la desconexión con la clase política. Se han puesto en marcha reformas para mejorar la participación política y se ha destinado financiación adicional a los servicios públicos; no obstante, las expectativas respecto a que el nuevo Gobierno cumpla sus promesas en estos ámbitos seguirán siendo elevadas.

En el ámbito exterior, la relación con Argelia seguirá siendo el principal foco de tensión debido al apoyo de esta última al Frente Polisario, que controla un tercio del Sáhara Occidental. Si bien las relaciones diplomáticas con España y Francia (los dos principales socios comerciales de Marruecos) han mejorado en los últimos años, tras la aprobación por parte de ambos países del plan marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental, la relación general con la Unión Europea en esta materia sigue siendo compleja. Dicho esto, Marruecos sigue siendo un socio fundamental para el control de los flujos migratorios y es probable que los vínculos comerciales también aumenten, ya que las industrias marroquíes están cada vez más integradas en las cadenas de valor europeas. Teniendo en cuenta el actual contexto geopolítico, cabe destacar la sólida relación de Marruecos con EE. UU. y su actual administración. Prueba de ello fue la decisión de firmar la Carta de la Junta de la Paz del presidente Trump en enero de 2026, lo que lo convirtió en el primer país africano en hacerlo. Marruecos también seguirá reforzando sus vínculos con los países del África subsahariana. En este sentido, la cooperación «Sur-Sur» sigue siendo un componente clave de la política exterior del país a través de proyectos emblemáticos como el gasoducto África-Atlántico con Nigeria y la mayoría de los países de África Occidental.

Pago

Las transferencias bancarias se están convirtiendo en el medio de pago más popular tanto para las transacciones nacionales como para las internacionales. Los cheques siguen utilizándose habitualmente como instrumento de pago y constituyen, además, títulos eficaces de reconocimiento de deuda: los deudores pueden ser objeto de acciones judiciales si no abonan la cantidad adeudada. Las letras de cambio también constituyen un medio de pago atractivo, ya que son una fuente de financiación a corto plazo mediante descuento, pago a plazos o endoso. Los pagarés se utilizan para registrar los detalles financieros de deudas personales, deudas comerciales y transacciones inmobiliarias. Son contratos legalmente vinculantes que pueden utilizarse ante un tribunal si el deudor incumple sus obligaciones. Un pagaré actúa como prueba fehaciente de un pago acordado y, por consiguiente, de una deuda en caso de litigio.

Cobro de deudas

Fase amistosa

El cobro de deudas debe comenzar con un intento de alcanzar un acuerdo amistoso. Los acreedores intentan ponerse en contacto con sus deudores a través de diferentes medios (llamadas telefónicas, recordatorios por escrito, como cartas formales, correos electrónicos o notificaciones extrajudiciales, etc.). Las negociaciones para llegar a un acuerdo amistoso pueden ser intensas y abarcar aspectos como el número de plazos de pago, las condonaciones, las garantías o avales y los intereses de gracia. La legislación marroquí establece que un abogado puede dar fe de la firma del deudor mediante planes de pago, que deben ser firmados, certificados y legalizados por las autoridades competentes de Marruecos. Posteriormente, el abogado del acreedor puede utilizar este acuerdo de pago como reconocimiento de la deuda en caso de acción judicial.

Procedimientos judiciales

Marruecos cuenta con un sistema jurídico basado en la tradición jurídica francesa y con tribunales basados en las tradiciones islámicas (que se refieren exclusivamente al estatuto personal de las partes litigantes). Entre los tribunales se incluyen los tribunales de proximidad (juridictions de proximité), encargados de resolver los litigios entre particulares; los tribunales de primera instancia (tribunaux de première instance), que se ocupan de todos los asuntos civiles; los tribunales de lo mercantil, que se ocupan de los litigios empresariales; los tribunales de apelación (cours d’appel), que se ocupan de asuntos civiles y administrativos; y el Tribunal de Casación (Cour de cassation).

Procedimientos de urgencia

Cuando la deuda está vinculada a un título o promesa reconocidos, es posible obtener un requerimiento de pago. Para ello, debe presentarse una solicitud en la secretaría del tribunal competente. La deuda debe estar probada, ser líquida (es decir, libre de gravámenes), exigible y no impugnada. Si el demandado no presenta un escrito de contestación en un plazo de ocho días, es posible obtener una resolución ejecutiva. Si el demandado presenta un escrito de contestación en un plazo de ocho días a partir de la recepción de la orden de pago, el asunto se remite al procedimiento ordinario. No obstante, la sala de apelación del tribunal de primera instancia o el tribunal de apelación podrá, mediante sentencia motivada, suspender la ejecución total o parcialmente.

Procedimiento ordinario

El representante del acreedor envía un auto de citación al tribunal competente y un agente judicial lo notifica al deudor, quien posteriormente puede contar con representación letrada en el plazo fijado por el juez y presentar una contrademanda. Pueden ser necesarias varias vistas para el intercambio de alegaciones escritas, la transmisión de documentos y la presentación de las pruebas pertinentes.

El juez fija la vista principal para escuchar la presentación de los alegatos. Durante la vista pública, el juez dirige los debates y los alegatos. A continuación, el asunto se somete a deliberación para que los jueces puedan debatir los fundamentos, las razones y el fallo que conforman el contenido de la sentencia. Tras la deliberación de los jueces, se dicta una sentencia motivada. Por lo general, esta se obtiene en un plazo medio de 14 meses.

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Ejecución de una resolución judicial

Una vez agotadas todas las vías de recurso, la sentencia pasa a ser firme y ejecutable. Las órdenes de embargo de terceros suelen ser eficaces para embargar y vender los bienes del deudor.

Según la legislación marroquí, los tribunales de lo mercantil están obligados a reconocer las sentencias dictadas en el extranjero, incluso si no existe ningún convenio firmado a tal efecto con el país emisor. Para que se reconozca y ejecute, debe presentarse ante el tribunal la copia original de la sentencia extranjera, acompañada de un certificado de no apelación. Cuando un extranjero obtiene una sentencia firme que desea ejecutar en Marruecos y, en su defecto, cuando solicita la ejecución de una sentencia marroquí en el extranjero, debe seguir el procedimiento de exequátur. Existen dos procedimientos de ejecución. El primero es exclusivo de Marruecos, mientras que el segundo viene establecido por acuerdos judiciales bilaterales entre Marruecos y otros países, entre los que se incluyen Alemania, Bélgica, los Estados Unidos de América, los Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Italia y Libia.

Procedimientos de insolvencia

Los procedimientos de insolvencia están regulados por el Libro V del Código de Comercio. Este prevé la prevención de dificultades (procedimiento de alerta y procedimiento de conciliación), así como los procedimientos formales de insolvencia (procedimiento de saneamiento judicial y procedimiento de liquidación judicial).

Debido a la situación provocada por la COVID-19, Marruecos ha adoptado dos medidas en el marco de los procedimientos de insolvencia:

La posibilidad de que las empresas deudoras inicien el procedimiento para solicitar un período de gracia que les permita suspender legalmente los pagos (si la insolvencia se debe a la COVID-19).

La posibilidad de obtener un crédito de estímulo destinado a las empresas afectadas por la COVID-19.

PROCEDIMIENTO DE ALERTA

El procedimiento de alerta lo inician los socios o los auditores de la empresa (auditores externos contratados por la empresa para sanear la situación financiera), quienes están obligados a notificar al director de la empresa cualquier oportunidad de sanear la situación en un plazo de ocho días. Si no se toman medidas para remediar la situación en un plazo de 15 días, deberá convocarse una junta general para tomar una decisión sobre cómo subsanar la situación basándose en el informe del auditor.

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO AMISTOSO (CONCILIACIÓN)

Los procedimientos de resolución amistosa solo pueden ser iniciados por una sociedad mercantil, un comerciante o un artesano que atraviese dificultades financieras, pero que aún no se encuentre en situación de insolvencia por falta de liquidez. Una vez iniciado el procedimiento, el deudor queda bajo la supervisión del tribunal. Posteriormente, el tribunal nombra a un conciliador externo por un período limitado de tres meses para ayudar al deudor a alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Se puede llegar a un acuerdo con todos los acreedores o con los «acreedores principales» del deudor. Los acreedores tienen derecho al cobro íntegro de su crédito, pero el conciliador puede proponer un acuerdo o los acreedores pueden ceder una parte de la deuda si así lo desean. Una vez aprobado por el tribunal, se suspenden todos los procedimientos judiciales relacionados con las deudas cubiertas por el acuerdo mientras dure el acuerdo de conciliación.

PROCEDIMIENTO DE SALVAGUARDIA

Este mecanismo tiene por objeto permitir que una empresa se reorganice para poder seguir sobreviviendo. Para acogerse a él, la empresa debe demostrar que no se encuentra en situación de suspensión de pagos. No obstante, en el marco de este procedimiento, sigue siendo posible negociar con los acreedores para evitar llegar a dicha suspensión de pagos y al procedimiento de liquidación judicial. Es la empresa la que recurre al tribunal, que dicta una resolución de apertura del procedimiento de salvaguardia. El procedimiento comienza con un período de observación de seis meses (renovable una vez) durante el cual el administrador concursal, en colaboración con el gerente, elabora un «balance económico y social» (BES) de la empresa: un análisis actualizado sobre el origen de las dificultades, la situación financiera actual, las medidas correctoras que deben preverse y las perspectivas resultantes. Durante este período, la empresa adopta las medidas adecuadas para corregir la situación y ayuda al administrador a elaborar un plan de rescate. La aprobación de dicho plan por parte del tribunal marca el final del período de observación y el inicio del plan propiamente dicho, que puede durar hasta cinco años. Una vez más, el gerente sigue al mando de su empresa, pero, sobre todo, la empresa se beneficiará de medidas radicales que solo el tribunal puede imponer:

suspensión de los vencimientos de las deudas;

suspensión de las acciones judiciales individuales;

obligación de que todos los acreedores presenten sus reclamaciones;

suspensión del devengo de intereses.

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Este procedimiento solo está disponible para los deudores que se hayan declarado en situación de cese de pagos (état de cessation de paiements), pero cuya situación financiera no esté irremediablemente comprometida. El tribunal nombra a un juez de insolvencia y a un administrador judicial (la persona designada por el tribunal en el marco de un procedimiento de insolvencia o liquidación; también actúa como síndico). Durante el proceso, la empresa deudora y su dirección conservan la posesión de los activos de la empresa y el deudor continúa con su actividad. El procedimiento de administración judicial puede dar lugar bien a la reorganización de la empresa del deudor, bien a su liquidación. El administrador judicial está obligado a elaborar un informe sobre la situación de la empresa en un plazo de cuatro meses a partir de la apertura del procedimiento. En su informe, el administrador recomendará un plan de continuidad para el deudor, la venta de la empresa o la liquidación. A continuación, el tribunal debe tomar una decisión sobre el destino del deudor, basándose en dicho informe. No existe una votación directa de los acreedores sobre las opciones disponibles para el deudor durante el procedimiento.

LIQUIDACIÓN JUDICIAL

La resolución judicial por la que se inicia el procedimiento hace que todas las deudas sean exigibles de forma inmediata; los acreedores deben presentar sus reclamaciones en un plazo de dos meses. Los acreedores marroquíes disponen de dos meses para presentar sus reclamaciones; los acreedores residentes en el extranjero disponen de un plazo de cuatro meses. El procedimiento de liquidación puede extinguirse prematuramente, antes de que se proceda al reparto de la masa de la liquidación, si el deudor ya no tiene deudas, si el administrador dispone de fondos suficientes para pagar íntegramente a todos los acreedores o si el deudor no cuenta con activos suficientes para cubrir los costes del procedimiento de liquidación.

Según la legislación marroquí, no existen normas específicas sobre la prelación de los créditos en caso de insolvencia. No obstante, existen algunos acreedores privilegiados, tales como: los trabajadores, el erario público, los organismos sociales, los acreedores de una conciliación colectiva y, por último, los acreedores sin garantía.

Última actualización: enero de 2026