Se vislumbra un crecimiento moderado tras la normalización posterior a la COVID-19
Se prevé que el crecimiento económico se ralentice en 2025, a medida que el sector turístico vuelva a la normalidad tras su fuerte recuperación pospandémica entre 2022 y 2024. La construcción, que está estrechamente relacionada con el turismo, podría verse afectada; se prevé que los valores se estabilicen, pero que los volúmenes disminuyan en torno a un 4 %. En 2026, se prevé que el crecimiento se acelere ligeramente y estará impulsado principalmente por los servicios (el 77 % del PIB en 2024). Se espera que las llegadas de turistas se mantengan fuertes, lo que impulsará el comercio, el alojamiento y la restauración, contribuyendo así a la demanda interna y a las exportaciones de servicios. La inversión en servicios financieros y en tecnologías de la información y la comunicación también debería reforzar este impulso. Se prevé que el sector textil (el 17 % de las exportaciones en 2024) vuelva a estancarse, lastrado por la creciente competencia de las economías asiáticas, el aumento de los costes de producción y los aranceles estadounidenses (15 %). La industria de la caña de azúcar (13 % de las exportaciones) seguirá viéndose afectada por los efectos persistentes de la sequía. Sin embargo, la demanda europea sostenida y la inversión nacional deberían permitir un crecimiento moderado de las exportaciones de pescado y marisco (21 % de las exportaciones). En 2026, el desarrollo de infraestructuras (carreteras, puertos, vivienda) se verá estimulado por la inversión pública prevista en el marco del Programa de Inversión del Sector Público (PSIP) 2025-2026, lo que dará un nuevo impulso al sector de la construcción.
El consumo privado (que representará el 68 % del PIB en 2024) se verá impulsado por la caída del desempleo (6 % en 2024, por debajo de los niveles previos a la pandemia) y por una inflación controlada. Esta última debería mantenerse dentro del rango objetivo del banco central, situado entre el 2 % y el 5 %, gracias a la moderación de los precios de las materias primas. Sin embargo, dada la incertidumbre económica actual, tanto a nivel mundial como nacional, el banco central podría mantener sin cambios su tipo de interés de referencia tras haberlo elevado al 4,5 % en febrero de 2025 para hacer frente a las presiones relacionadas con el aumento de los costes de los servicios y los salarios.
Consolidación fiscal continuada
Tras un presupuesto expansivo para 2024-2025, caracterizado por incentivos fiscales y ayudas masivas, el déficit alcanzó casi el 10 % del PIB, un récord desde los años de la COVID-19. El presupuesto para 2025-2026 marca un giro hacia la austeridad: racionalización de las exenciones del IVA, aumento de los impuestos especiales sobre productos nocivos y vehículos, y mayores contribuciones por parte de los hogares y las empresas con altos ingresos. Los pagos realizados por el Reino Unido en concepto del arrendamiento de 99 años de Diego García (archipiélago de Chagos) impulsarán los ingresos públicos. El Gobierno también tiene previsto elevar gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años —las pensiones representan el 26 % del gasto corriente— y, al mismo tiempo, racionalizar las prestaciones sociales. Estas reformas seguirán siendo muy impopulares. La llegada de un nuevo Gobierno tras las elecciones de 2024 contribuirá a un mejor control del gasto. La consolidación fiscal reducirá el déficit público, financiado principalmente mediante endeudamiento interno. La deuda pública (de la cual menos de una cuarta parte es externa) se mantendrá por encima del límite legal autoimpuesto del 80 % del PIB.
La balanza por cuenta corriente seguirá registrando un déficit estructural en 2026 debido a un elevado déficit comercial (el 26 % del PIB en 2024), consecuencia de la fuerte dependencia de Mauricio de los suministros externos (petróleo, vehículos, cereales, etc.), agravada por la insularidad del país. No obstante, la bajada de los precios de las materias primas debería aliviar la factura de las importaciones, y las exportaciones de bienes deberían crecer modestamente. Por su parte, se prevé que el superávit estructural en el sector de los servicios se reduzca a medida que se normalice el turismo y aumenten las importaciones de servicios para proyectos de infraestructura. Los flujos de inversión extranjera directa —de los cuales más de dos tercios se dirigen al sector inmobiliario, en gran parte vinculado al turismo— seguirán respaldando las reservas de divisas, que se situaban en niveles holgados a finales de octubre de 2025: 9 500 millones de dólares (+12 % interanual), lo que equivale a 13 meses de cobertura de las importaciones.
Cambio democrático
En el cargo desde 2017, el ex primer ministro Pravind Jugnauth y sus aliados sufrieron una derrota rotunda en las elecciones generales de octubre de 2024, al término de una campaña empañada por un escándalo de escuchas telefónicas a gran escala. Tras reconocer su derrota, Jugnauth cedió su escaño a Navin Ramgoolam, cargo que este último ya había ocupado en dos ocasiones anteriores. La Alianza por el Cambio de Ramgoolam obtuvo 60 de los 70 escaños del Parlamento. El relevo y la transición pacífica demostraron una vez más la solidez democrática del país.
En el ámbito internacional, Mauricio seguirá manteniendo estrechos vínculos con sus principales socios comerciales, en particular Francia, la India y Sudáfrica. En mayo de 2025, Mauricio firmó un tratado con el Reino Unido para devolver la soberanía sobre las islas Chagos, un archipiélago aislado en el norte del océano Índico, poniendo así fin a una disputa territorial que se prolongaba desde hacía décadas. Está previsto que el tratado entre en vigor a principios de 2026. Aunque reconoce oficialmente la soberanía de Mauricio sobre el archipiélago, el acuerdo concede al Reino Unido acceso al atolón principal de Diego García —sede de una base militar conjunta con EE. UU.— durante un período inicial de 99 años, a cambio de un alquiler total estimado de 4.7 mil millones de dólares estadounidenses. El tratado también establece que el Reino Unido pagará una subvención anual de 45 millones de libras esterlinas durante 25 años para financiar proyectos de desarrollo en los que participen empresas británicas.

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