Reino Unido

Crecimiento gradual gracias al gasto público

Se prevé que la economía del Reino Unido crezca a un ritmo moderado en 2025, impulsada por el fortalecimiento del consumo de los hogares y el aumento del gasto y la inversión públicos. Aunque se prevé que el desempleo aumente ligeramente, el fuerte crecimiento de los salarios nominales debería contribuir a mantener el poder adquisitivo. Sin embargo, un nuevo repunte de la inflación podría erosionar parte de estas ganancias y limitar la capacidad del Banco de Inglaterra para recortar los tipos de interés de forma más agresiva. Aun así, se espera que los tipos de interés bajen, y es probable que el tipo básico termine el año cerca del 4 %.

El gasto público y la inversión serán motores clave del crecimiento, ya que los presupuestos de otoño ampliarán tanto el gasto corriente como los proyectos previstos de infraestructuras y vivienda, con el respaldo de cambios en las políticas. Sin embargo, gran parte de este estímulo se financia mediante un aumento de los impuestos de sociedades, lo que podría lastrar la inversión privada. Por su parte, se prevé que las exportaciones experimenten una modesta recuperación, impulsadas por el fortalecimiento de las exportaciones de servicios, mientras que las exportaciones de bienes siguen viéndose limitadas por la débil demanda de los principales socios comerciales del Reino Unido, la UE y EE. UU.

Las insolvencias empresariales se redujeron casi un 5 % en 2024, pero siguen siendo elevadas, incluso entre las empresas más antiguas y consolidadas. Aunque se espera que los niveles de insolvencia se estabilicen o disminuyan ligeramente en 2025, muchas empresas siguen enfrentándose a altos costes —especialmente de mano de obra y energía—, lo que supone un riesgo a la baja para las perspectivas.

La ajustada situación fiscal pública debería mejorar ligeramente

En 2025, se prevé que el déficit público se reduzca ligeramente, impulsado por el aumento de los ingresos fiscales derivado del incremento de los salarios y de la subida de los impuestos (como las cotizaciones patronales a la Seguridad Social). Sin embargo, el gasto público aumentará, tal y como se esboza en los Presupuestos de otoño, financiado en parte mediante estas subidas de impuestos y un mayor endeudamiento. Como resultado, se prevé que la deuda pública como porcentaje del PIB continúe su trayectoria ascendente. Se espera que el Banco de Inglaterra continúe con el endurecimiento cuantitativo en 2025, reduciendo sus carteras de bonos del Estado en 100 000 millones de libras esterlinas adicionales entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Esto se llevará a cabo principalmente dejando que los bonos venzan, en lugar de mediante ventas activas, ya que se prevé que venzan alrededor de 80 000 millones de libras esterlinas en bonos durante ese periodo.

Se prevé que el déficit por cuenta corriente del Reino Unido muestre cierta mejora en 2025, ya que el superávit continuado en los servicios compensa parcialmente el persistente déficit comercial de bienes. Es probable que las exportaciones de servicios se mantengan sólidas, respaldadas por la fortaleza global del Reino Unido en los sectores financiero y de servicios profesionales, así como por un tipo de cambio favorable debido a la fortaleza del dólar. Mientras tanto, se prevé que el aumento del consumo privado impulse las importaciones al alza. Se prevé que la introducción gradual de controles fronterizos en 2024 —incluidas las inspecciones físicas y las declaraciones—, junto con la plena aplicación de los controles de animales vivos, el Sistema de Entrada y Salida (EES) y el ETIAS en 2025, añadan cierta fricción y aumenten los costes comerciales entre el Reino Unido y la UE. No obstante, es probable que el impacto económico global sea limitado.

Ajetreada agenda legislativa en 2025

El Gobierno laborista se enfrenta a un descenso de popularidad: las últimas encuestas muestran una caída de 10 puntos al comparar el inicio de 2025 con las elecciones de julio de 2024, y el índice de aprobación neta del primer ministro Keir Starmer ha bajado de +28 tras las elecciones a -32. A pesar de ello, el Partido Laborista mantiene una cómoda mayoría de más de 75 escaños en el Parlamento. El Gobierno tiene una agenda legislativa muy cargada en 2025, que incluye una reforma del mercado laboral, un proyecto de ley de ordenación del territorio actualizado y la estrategia industrial definitiva (junto con una revisión del gasto). Si bien se prevé que las reformas del mercado laboral aumenten los costes para las empresas, el proyecto de ley de ordenación del territorio y la estrategia industrial podrían contribuir a impulsar la inversión y la actividad económica, aunque es más probable que cualquier impacto significativo se produzca a partir de 2026 que a muy corto plazo.

El Reino Unido también se mueve en un panorama geopolítico cada vez más complejo, equilibrando su relación con Estados Unidos al tiempo que busca estrechar los lazos con la Unión Europea. A diferencia de muchos países, el Reino Unido mantiene un comercio de bienes relativamente equilibrado con EE. UU., con exportaciones centradas principalmente en los servicios, lo que lo hace menos vulnerable a posibles aranceles. Sin embargo, el Gobierno está decidido a reforzar los lazos comerciales y de seguridad con ambos socios, y se espera que una mayor colaboración en materia de defensa sirva como símbolo de la mejora de las relaciones entre el Reino Unido y la UE. Esto llega en un momento crucial, ya que el Reino Unido tiene previsto aumentar el gasto en defensa durante los próximos años.

Pagos

Los cheques siguen utilizándose para los pagos comerciales nacionales e internacionales, aunque en las transacciones internacionales se prefieren las letras de cambio y las cartas de crédito. Las transferencias bancarias —en particular, las transferencias SWIFT— también se utilizan con frecuencia y se consideran un método de pago rápido y fiable. Los débitos directos y las órdenes permanentes también se consideran soluciones prácticas para realizar pagos periódicos o anticipados, y su uso está especialmente extendido en las transacciones nacionales. Es aceptable emitir facturas tanto antes como después del suministro de bienes o la prestación de servicios.

Cobro de deudas

FASE AMIGABLE

El proceso de cobro de deudas suele comenzar con el envío al deudor de un requerimiento de pago, seguido de una serie de comunicaciones escritas adicionales, llamadas telefónicas y (si el importe de la deuda lo permite) visitas personales y reuniones con el deudor. El proceso de cobro se ha diseñado como una sucesión de etapas, que comienza con una fase de cobro amistosa (prejudicial) y va escalando hasta llegar al litigio, en caso de que el deudor incumpla sus obligaciones.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

El Tribunal de Condado solo tiene competencia en materia civil. Los jueces se ocupan de las demandas por cobro de deudas, daños personales, incumplimiento de contrato en materia de bienes o propiedades, recuperación de terrenos y asuntos familiares (como el divorcio y la adopción). Los casos cuyo valor sea inferior a 25 000 libras esterlinas (o inferior a 50 000 libras esterlinas en el caso de lesiones personales) deben celebrar su primera vista en el Tribunal de Condado.

El Tribunal Superior tiene su sede en Londres, pero también cuenta con distritos provinciales conocidos como «registros de distrito» repartidos por toda Inglaterra y Gales. Consta de tres divisiones: la División del Queen’s Bench, la División de la Cancillería y la División de Familia.

El Tribunal de Apelación cuenta con dos divisiones: la División Civil y la División Penal.

El Tribunal Supremo está compuesto por un presidente, un vicepresidente y doce magistrados profesionales.

Procedimientos por vía rápida (sentencias sumarias)

Para solicitar un fallo sumario, el demandante debe obtener un formulario de notificación de solicitud del tribunal. Este debe ir acompañado de un escrito en el que el demandante exponga por qué considera que debe dictarse una sentencia sumaria, ya sea porque el demandado no tiene perspectivas reales de defender con éxito la demanda, o porque no hay motivos para que el caso se resuelva mediante un juicio completo.

Se notificará una copia de esta declaración a la parte contraria siete días antes de la vista de sentencia sumaria. La parte contraria también tiene la oportunidad de presentar una declaración, pero esta debe enviarse a más tardar tres días antes de la vista. El demandante no puede solicitar una sentencia sumaria hasta que el deudor haya devuelto un formulario de acuse de recibo o haya presentado un escrito de contestación. Si el tribunal da la razón al demandante, dictará una sentencia favorable. La solicitud será desestimada si el tribunal no da la razón al demandante.

Procedimientos ordinarios

En la actualidad, los procedimientos y las competencias del Tribunal de Condado y del Tribunal Superior son idénticos. Se han creado varias «vías» de litigio, cada una con sus propios plazos procesales. Un juez de instrucción asigna las demandas a una vía en función de su valor monetario. Existen procedimientos extrajudiciales que deben seguirse antes de iniciar una acción judicial. Estos procedimientos se han diseñado para animar a las partes implicadas a resolver sus controversias sin necesidad de recurrir a los tribunales, minimizando así los costes y el tiempo dedicado a los trámites judiciales.

El procedimiento se inicia formalmente cuando el demandante (antes denominado «el demandante») presenta un formulario de demanda ante el Tribunal de Condado o el Tribunal Superior. Los detalles completos de la demanda se recogen en los «Puntos de la demanda», que suelen constituir un documento independiente que acompaña al formulario de demanda. El formulario de demanda debe ser notificado al demandado por el tribunal o por el demandante. A continuación, el demandado puede responder al formulario de demanda en un plazo de 14 días a partir de la notificación. Se concede una prórroga de 28 días para que el deudor presente un escrito de contestación y/o una contrademanda. Una vez intercambiados estos documentos formales, el tribunal ordena a ambas partes que rellenen un «Cuestionario de asignación».

Orden de congelación (anteriormente, «Mareva Injunction»)

Una orden de congelación (o medida cautelar de congelación) es una orden provisional especial que impide al demandado enajenar activos o sacarlos del país. Una de las condiciones para la concesión de dicha orden suele ser que el solicitante pague la totalidad de las costas a la persona contra la que se dictó, en caso de que resulte improcedente. Un litigio mercantil típico puede tardar entre 18 y 24 meses en llegar a una sentencia, contando desde el momento en que se inicia la acción judicial.

Ejecución de una resolución judicial

Existen varios mecanismos de ejecución. Entre ellos se incluyen la orden de ejecución (que permite a un agente judicial del Tribunal de Condado exigir el pago al deudor) y el auto de «fieri facias» para deudas superiores a 600 libras esterlinas, en virtud del cual un agente de ejecución del Tribunal Superior puede embargar bienes por un valor equivalente a la deuda judicial (para su posterior venta en subasta y compensación con el importe adeudado).

Como miembro de la Unión Europea, el Reino Unido ha adoptado varios mecanismos de ejecución para las resoluciones dictadas en otros países de la UE. Entre ellos se incluyen las órdenes de pago de la UE, que son directamente ejecutables en los tribunales nacionales, y el título ejecutivo europeo, para reclamaciones no impugnadas. Las sentencias dictadas en países no pertenecientes a la UE se reconocen y ejecutan si el país emisor tiene un acuerdo con el Reino Unido. Si no existe dicho acuerdo, el Derecho internacional privado inglés prevé un procedimiento de exequátur.

Procedimientos de insolvencia

ADMINISTRACIÓN

La administración se concibe como un mecanismo de rescate que permite a las empresas (siempre que sea posible) continuar con sus operaciones comerciales. El procedimiento se inicia bien solicitando al tribunal una orden de administración, bien presentando ante el tribunal la documentación que acredite el nombramiento extrajudicial de un administrador.

ACUERDO VOLUNTARIO DE LA EMPRESA (CVA)

El CVA es un acuerdo informal pero vinculante entre una empresa y sus acreedores no garantizados, en el que se renegocian las deudas de la empresa. Puede utilizarse para evitar o respaldar otros procedimientos de insolvencia, como la administración o la liquidación. Establece un plan de reestructuración que impone el apoyo de los acreedores disidentes.

ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS ACREEDORES

El plan de acuerdo de los acreedores es un compromiso o acuerdo aprobado por el tribunal, entre una empresa deudora y todas las clases de sus acreedores, para la reorganización o reestructuración de sus deudas. No se trata de un procedimiento de insolvencia y no incluye una moratoria sobre las acciones de los acreedores. No obstante, puede aplicarse junto con procedimientos formales de insolvencia (administración o liquidación). También puede ser aplicado de forma independiente por la propia empresa deudora.

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Existen tres tipos de administradores judiciales. El primero de ellos es un administrador judicial designado con facultades legales. El segundo tipo de administrador judicial es aquel que se designa en virtud de los términos de un gravamen fijo o de una escritura de fideicomiso de garantía. La tercera categoría es la de un administrador (que se designa en virtud de los términos de un gravamen flotante sobre la totalidad, o una parte sustancial, de los bienes de la empresa deudora).

LIQUIDACIÓN

Una empresa puede entrar en liquidación voluntaria o forzosa. Las liquidaciones voluntarias pueden ser una «liquidación voluntaria por parte de los socios» o una «liquidación voluntaria por parte de los acreedores». Ambos procedimientos son iniciados por la propia empresa, mediante la aprobación de un acuerdo en una junta de socios. A continuación, la sociedad cesa su actividad y un liquidador recopila los activos de la sociedad y distribuye los beneficios entre los acreedores con el fin de satisfacer, en la medida de lo posible, las obligaciones de la sociedad.

Última actualización: marzo de 2025