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Estados Unidos
IndiaUna recuperación tímida impulsada por las exportaciones y los proyectos de infraestructura financiados por la comunidad internacional
En comparación con 2024, año en el que se puso fin al estancamiento, se prevé que el crecimiento se acelere en 2025 y de nuevo en 2026. Los motores del crecimiento económico de 2024, en particular la mejora del suministro de combustible y la resiliencia del sector forestal, siguen estimulando la economía. A ello se suma un aumento de las exportaciones —tanto en volumen como en valor— de oro, madera y diamantes. Este último producto se beneficia del levantamiento de las sanciones internacionales gracias a un control estatal más estricto sobre las zonas mineras y a los mayores esfuerzos en materia de trazabilidad. Además, la factura de las importaciones está disminuyendo, gracias, en particular, a la donación por parte de Rusia de 30 000 toneladas de gasóleo a principios de 2025 —lo que equivale a seis meses de consumo nacional— y a la bajada de los precios del petróleo.
El crecimiento también se ve impulsado por la recuperación de la inversión privada, respaldada por el despliegue de la red 4G y los primeros beneficios del proyecto de infraestructura del Corredor 13, cuyo objetivo es establecer una red de transporte multimodal entre Pointe-Noire (Congo-Brazzaville) y N'Djamena (Chad), pasando por Bangui. Estas inversiones en infraestructuras, así como en el sector agroindustrial, están financiadas principalmente por instituciones financieras internacionales, ya que las restricciones presupuestarias y el bajo nivel de ahorro interno lastran la capacidad de autofinanciación del país. Sin embargo, el consumo público seguirá siendo débil, ya que el Gobierno se propone reducir su déficit primario, es decir, excluyendo los intereses de la deuda. Además, el consumo privado se beneficiará de la moderación de la inflación, pero seguirá viéndose lastrado por los elevados índices de pobreza y la supresión de las exenciones fiscales. Por último, la reducción de la ayuda al desarrollo de EE. UU. (USAID) tendrá un impacto más moderado de lo esperado en la actividad económica en 2025, ya que se han mantenido los proyectos humanitarios y ya se ha desembolsado una gran parte del importe inicialmente previsto. No obstante, la situación alimentaria sigue siendo extremadamente preocupante.
Se prevé que la inflación, que se aceleró a finales de 2024 y principios de 2025 debido a una perturbación de la oferta que afectó a los productos alimenticios y al aumento de los precios de los combustibles, siga moderándose gracias a la bajada de los precios en las gasolineras y a las donaciones de combustible por parte de Rusia. Dado que la inflación está bajo control y con el fin de apoyar el crecimiento regional, el BEAC (Banco de los Estados de África Central) decidió en marzo de 2025 bajar sus tipos (tipos de subasta y tipos de la línea de crédito marginal), en contra del consejo del FMI.
Situación presupuestaria tensa
En 2024, el déficit primario, excluidas las inversiones financiadas con fondos extranjeros (5 % del PIB), se agravó hasta alcanzar el 4,9 % del PIB debido al aplazamiento de los gastos previstos en 2023, la liquidación de atrasos y el aumento de los gastos en materia de seguridad. Durante el último año y medio, las tasas de suscripción de las emisiones de bonos en el mercado regional han caído debido a una disminución de la liquidez provocada por crisis crediticias en determinados países miembros de la CEMAC (déficits públicos y deuda excesivos). Como consecuencia, el Gobierno ha recurrido a emisiones de deuda sindicadas, es decir, préstamos negociados con un grupo de bancos o inversores a nivel regional. El servicio de estos préstamos resulta más costoso.
Para hacer frente al creciente endeudamiento y déficit públicos, la política presupuestaria para 2025 y 2026 tiene como objetivo estabilizar el gasto público en torno a los 600 millones de dólares, con el fin de reducir su porcentaje del PIB del 20 % en 2024 a alrededor del 16,5 % en 2026. Con este fin, el Gobierno pretende reducir ligeramente el gasto corriente (salarios, subvenciones, gasto en bienes y servicios). El gasto de capital seguirá financiándose con fondos extranjeros en un 85 %. Al mismo tiempo, diversas reformas tienen por objeto aumentar los ingresos: reducir las exenciones, recuperar los atrasos y reforzar los recursos de la administración tributaria. El objetivo del Gobierno es audaz y decidido: pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2026 mediante medidas escalonadas de manera uniforme a lo largo de dos años. Esto situaría la deuda pública por debajo del 50 % del PIB para 2027. El 53 % de esta deuda está en manos de acreedores externos en forma de préstamos en condiciones favorables (57 % multilaterales y 43 % bilaterales). Los antiguos atrasos con los acreedores bilaterales representan el 13 % de la deuda. El resto está en manos de acreedores nacionales y regionales. La India y China destacan por su reciente aumento de importancia entre el conjunto de acreedores del país. A pesar de la pesada carga que supone el servicio de la deuda contraída en el mercado regional (el 33 % de los ingresos públicos en 2026) y del elevado riesgo de sobreendeudamiento, la deuda sigue siendo sostenible.
Se prevé que el déficit por cuenta corriente disminuya drásticamente en 2025 y 2026, gracias a una mejora de la balanza comercial —que ha sido posible gracias al levantamiento de las sanciones internacionales sobre las exportaciones de diamantes y a una reducción de la factura energética— y a un aumento del apoyo presupuestario en el marco del Servicio Ampliado de Crédito del FMI. El déficit por cuenta corriente se financia principalmente mediante subvenciones para proyectos de inversión procedentes de instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial) o de socios bilaterales, como Francia. Se financia de forma marginal mediante préstamos en condiciones favorables e inversiones directas, que están experimentando un ligero aumento, así como mediante créditos comerciales.
Las autoridades están reforzando ligeramente su presencia en un entorno que sigue siendo muy inestable
La República Centroafricana se encuentra en una situación política y de seguridad precaria desde el estallido de la guerra civil en 2013. El acuerdo de paz firmado en 2019 entre el Gobierno y diversos grupos rebeldes no ha cumplido sus promesas, y algunas partes del territorio siguen bajo el control de grupos armados. Sin embargo, las divisiones dentro de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), un movimiento formado por la fusión de seis grupos rebeldes en respuesta a la reelección fraudulenta del presidente Faustin-Archange Touadéra en 2020, así como el acuerdo de paz de julio de 2025 entre el Gobierno centroafricano y dos milicias importantes (que forman parte de la CPC), están contribuyendo a aumentar el control estatal sobre el territorio y, en consecuencia, la seguridad. No obstante, varios grupos armados siguen activos, lo que alimenta la inseguridad crónica en varias regiones.
La nueva Constitución, aprobada mediante un referéndum ampliamente boicoteado en julio de 2023, amplía el mandato presidencial a siete años, renovable indefinidamente, allanando así el camino para que el presidente Touadéra permanezca en el poder a largo plazo, con el apoyo de mercenarios de Africa Corps (antes Wagner) bajo supervisión rusa. Las elecciones locales, que se han pospuesto en varias ocasiones debido a dificultades logísticas y financieras, están previstas para finales de 2025, coincidiendo con las elecciones presidenciales y legislativas, en un entorno cerrado en el que la oposición está amordazada. Sigue habiendo una considerable incertidumbre sobre si realmente se celebrarán. De ser así, el boicot anunciado y la ausencia de observadores creíbles hacen temer protestas tras las elecciones e incluso un recrudecimiento de la violencia en determinadas zonas. Se prevé que la participación electoral siga siendo muy baja (probablemente similar al 34 % registrado en 2020), lo que refleja el control limitado del Gobierno sobre ciertas partes del país y el desencanto generalizado de la población con el proceso electoral. El jefe de Estado también está consolidando su control sobre las principales cuestiones económicas al asumir la gestión de la concesión de licencias mineras.
En el ámbito internacional, la República Centroafricana mantiene fuertes vínculos económicos y militares con Rusia, cuyas milicias, con presencia permanente en el país, garantizan la seguridad del presidente y entrenan al ejército regular a cambio de un acceso privilegiado a los recursos del país, concretamente a las minas, la madera y la agricultura. Bangui incluso dio un paso más allá en febrero de 2024 al permitir que Moscú estableciera en su territorio su primera base militar en África, con capacidad para albergar hasta 10 000 soldados. Sin embargo, las recientes conversaciones con Africom (Mando de Estados Unidos para África) sugieren que es posible un ligero acercamiento a EE. UU., con el objetivo de reforzar la seguridad en el país. En este contexto, la MINUSCA, la operación de mantenimiento de la paz de la ONU presente en la República Centroafricana desde 2014, sigue adelante, a pesar de las tensiones entre esta y el Gobierno, las tropas rusas y la población local. En enero de 2025, un oficial francés fue recibido en Bangui para reactivar la cooperación militar franco-centroafricana, suspendida desde 2016, en un intento de París por contrarrestar la influencia rusa mediante la participación en el entrenamiento del ejército. Francia también reanudó su apoyo económico, desembolsando 10 millones de euros en ayuda en noviembre de 2024, la primera subvención en tres años. Al mismo tiempo, las tensiones fronterizas con Chad —al que se acusa de apoyar a ciertas milicias rebeldes— y la afluencia de refugiados desde el estallido de la guerra civil en Sudán en 2023 están complicando la gestión de la seguridad regional.