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Arabia Saudí
China
Egipto
IndiaEstabilización de las líneas del frente sin perspectivas de resolución del conflicto
La guerra entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), al mando del general Mohamed Hamdan Dagalo («Hemedti»), que se prolonga desde el 15 de abril de 2023, se intensificó aún más en 2025 y 2026. La toma de El Fasher, el último bastión de las SAF en Darfur del Norte, por parte de las RSF en octubre de 2025 provocó atrocidades a gran escala —algunas fuentes hablaron de hasta 60 000 muertes de civiles— y delimitó las líneas del frente. La mitad sur del país, donde se concentra la mayor parte de la población, está ahora dividida entre las RSF en el oeste (Darfur y Kordofán Occidental) y las SAF en el este (la cuenca del Nilo, incluida Jartum, y la costa del mar Rojo). Las RSF y sus aliados también controlan las fronteras con Libia y Chad. Este corredor, fundamental para la importación de armas, combustible y mercenarios, podría verse amenazado por una posible ofensiva de las SAF en Darfur del Norte durante el próximo año. El conflicto se concentra ahora en dos escenarios principales. En Kordofán, las RSF tienen sitiada El Obeid desde enero de 2026, una ciudad estratégica situada en un cruce de caminos que controla la ruta hacia Jartum. En la región del Nilo Azul, fronteriza con Sudán del Sur y Etiopía, la RSF y sus aliados del Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte (SPLM-N), liderado por Abdelaziz al-Hilu —un importante grupo armado con base en las montañas de Nuba—, sufrieron importantes pérdidas territoriales y de efectivos a principios de 2026. En general, las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) recuperaron la iniciativa en 2025-26 y ahora controlan la mayor parte de los recursos económicos clave de Sudán, en particular sus zonas auríferas y agrícolas, así como el acceso al mar Rojo y a las principales instituciones estatales del país. La pérdida de ingresos procedentes del centro de Sudán ha debilitado la cohesión de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que se ven cada vez más afectadas por rivalidades internas y la deserción de altos mandos. El uso de drones se ha generalizado. Los ataques de largo alcance, a menudo llevados a cabo mucho más allá de las líneas del frente, son ahora frecuentes y representan aproximadamente la mitad de todas las bajas civiles y militares. Ambas partes recurren a milicias locales o tribales cuyas lealtades fluctúan. Las milicias islamistas vinculadas al partido gobernante del expresidente Omar al-Bashir, en particular la Brigada Al-Baraa bin Malik, también han desempeñado un papel clave en el resurgimiento de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), mientras que se ha documentado la presencia de mercenarios colombianos en las filas de las RSF. Ambos bandos se encuentran inmersos en un proceso de consolidación administrativa. Esto condujo a la creación, a principios de 2025, de una estructura política conocida como la Coalición para la Fundación de Sudán (Ta’sis), que reunió a los diversos componentes del bando de las RSF. Se han nombrado gobiernos de transición nominalmente civiles tanto en Jartum, bajo el mando de Kamil Idris, como en Nyala, la capital de facto de las RSF, bajo el mando de Hassan al-Taishi. La institucionalización de los dos bandos rivales, junto con el despliegue de administraciones civiles contrapuestas, ha afianzado aún más la división del país, aunque la integración de los grupos armados en ambas coaliciones sigue siendo incompleta. Aunque es probable que la demarcación de las líneas del frente alivie la intensidad de los combates, puede descartarse a corto plazo una victoria militar decisiva o un acuerdo de paz duradero.
Cada una de las partes en conflicto cuenta con el respaldo de potencias extranjeras. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), principal apoyo financiero y logístico de las RSF a pesar de las desmentidas oficiales, han facilitado acuerdos con varios países de la región, entre ellos Chad, Etiopía, la República Centroafricana, Kenia, Sudán del Sur, Uganda y la región autónoma de Puntlandia en Somalia, así como, lo que es más importante, las fuerzas del mariscal de campo Haftar en el este de Libia. A cambio de inversiones emiratíes, estos países han acogido, en mayor o menor medida, instalaciones de entrenamiento y han proporcionado centros de abastecimiento para las fuerzas de la RSF. Las rutas transfronterizas se utilizan tanto para transportar equipamiento militar financiado por Abu Dabi como para exportar oro desde los territorios controlados por los paramilitares. Sin embargo, estas redes de apoyo regionales son frágiles, especialmente en Chad y Libia. En 2026, los Emiratos Árabes Unidos parecen haber desviado cada vez más sus rutas de suministro hacia otros socios, en particular la República Centroafricana y Etiopía. En consecuencia, las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y Etiopía se rompieron en mayo de 2026. Se acusó a Adís Abeba de acoger a tropas de las RSF, mientras que la región fronteriza del Nilo Azul se convirtió en uno de los principales escenarios de operaciones del conflicto. En respuesta, las SAF reforzaron sus lazos con Eritrea y el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), lo que aumentó el riesgo de que el conflicto se extendiera a la región. Los principales patrocinadores externos de las SAF son Egipto, Irán y Turquía. Arabia Saudí también ha intensificado su apoyo a las SAF debido a su rivalidad con los Emiratos Árabes Unidos y a su deseo de contener la influencia de Irán. No obstante, Riad sigue mostrándose recelosa ante la creciente influencia de las facciones islamistas dentro de las fuerzas armadas. Por el contrario, Catar, que busca posicionarse como plataforma de mediación, es el principal valedor de los grupos islamistas favorables a las SAF. Más allá de las rivalidades políticas y la competencia por los recursos auríferos, la implicación de los Estados del Golfo también viene motivada por preocupaciones en materia de seguridad alimentaria. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar poseen, respectivamente, tierras agrícolas y activos ganaderos en Sudán por un valor aproximado de 10 000 millones, 1 000 millones y 500 millones de dólares estadounidenses. Qatar Mining también cuenta con concesiones de cobre valoradas en unos 800 millones de dólares estadounidenses. Por último, Estados Unidos, que lidera un cuarteto de mediación formado por Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, ha impuesto sanciones a varios funcionarios y empresas vinculadas a ambas partes del conflicto.
Un frágil respiro económico en medio de una catástrofe humanitaria
Tras la crisis desencadenada por el estallido de la guerra en 2023 y 2024, la situación económica se deterioró aún más en 2025 como consecuencia tanto de la intensidad de los combates como de una mala cosecha de cereales (-22 %). No obstante, tras ocho años consecutivos de contracción, se espera que la actividad económica vuelva a crecer en 2026, respaldada por una modesta mejora de la situación de seguridad y la reconquista de Jartum por parte del ejército. La creación de instituciones de gobierno por parte de ambos bandos debería facilitar el retorno de parte de la población desplazada interna. El Sudán central parece relativamente seguro, lo que permite una recuperación tímida del consumo de los hogares y del comercio local. Sin embargo, la agricultura (el 25 % del PIB y el 65 % del empleo) se ve gravemente afectada, ya que el conflicto ha reducido significativamente las superficies cultivadas y ha dañado las redes de riego, especialmente en Gezira y Sennar, que son las principales regiones agrícolas del país. La frágil mejora económica también oculta el fuerte deterioro de las condiciones en Kordofán y el Nilo Azul, así como la persistente e aguda inseguridad alimentaria en Darfur. En 2027, la actividad debería beneficiarse de una normalización gradual del consumo y de una mayor producción agrícola y aurífera, pero seguirá dependiendo en gran medida de una disminución de la intensidad del conflicto. No obstante, es probable que el proceso de recuperación sea lento. Los daños en las infraestructuras de transporte, sanidad y energía son extensos, mientras que los recursos disponibles son extremadamente limitados. Se prevé que las políticas económicas aplicadas por las autoridades rivales sigan centradas en financiar el esfuerzo bélico y en asegurar el control sobre los activos generadores de ingresos, en particular el sector de la extracción de oro, en gran parte artesanal.
La hiperinflación se ha afianzado desde el inicio de la guerra, impulsada por el aumento de los costes de los alimentos y el transporte. No obstante, el crecimiento de los precios se ralentizó en el primer semestre de 2026, alcanzando el 44,5 % interanual en mayo (en las zonas controladas por el ejército), pero podría acelerarse de nuevo debido a las malas cosechas y al aumento de los precios de los fertilizantes. La inflación en las regiones occidentales, que se encuentran aisladas y sufren escasez de alimentos, es probablemente mucho más elevada, aunque resulta difícil de evaluar ante la falta de datos. En 2026, la división política del país podría extenderse al ámbito monetario. Entre 2024 y abril de 2026, el Banco Central de Sudán (CBOS) emitió nuevos billetes destinados a los titulares de cuentas bancarias y destinados a sustituir a los antiguos billetes que circulaban en los bastiones de las RSF, algunos de los cuales fueron saqueados de las reservas del CBOS en 2025. Al mismo tiempo, se restringió en el oeste de Sudán el acceso a Bankak, la plataforma digital del Banco de Jartum y el principal sistema de pagos del país, al tiempo que se tomaron medidas contra las cuentas de las RSF. En respuesta, Ta’sis estableció un banco central paralelo en Nyala en mayo de 2026 para competir con el CBOS. Las RSF también anunciaron la creación de un banco privado y una aplicación de pagos digitales independiente. Los nuevos billetes no se aceptan en las zonas bajo su control. El sistema bancario de las RSF seguirá siendo una red local. Al carecer de reconocimiento institucional, no tiene acceso a los sistemas de pago internacionales (SWIFT, IBAN) e impone comisiones de retirada sustanciales (un 15 % oficialmente, hasta un 40 % en la práctica). Esta partición monetaria, la pérdida de fungibilidad de la libra sudanesa y el uso de divisas extranjeras (el franco CFA chadiano, el dinar libio y el dólar estadounidense) limitan gravemente la eficacia de la política monetaria, a pesar de la elevada tasa de penetración bancaria. El uso de aplicaciones de pago se ve impulsado por la escasez de efectivo en algunas regiones, consecuencia de la hiperinflación y del saqueo sistemático de los bancos por parte de las facciones beligerantes.
Flujos comerciales informales, fragmentación fiscal y impago soberano
El déficit por cuenta corriente de Sudán es significativo, aunque difícil de evaluar dada la magnitud de los flujos no registrados. No obstante, debería reducirse en 2026 a medida que se recuperen las exportaciones de oro. La balanza comercial ha sido estructuralmente deficitaria desde la pérdida de los yacimientos petrolíferos de Sudán del Sur en 2011, y la guerra ha agravado aún más el desequilibrio. El oro, del que Sudán es el principal productor de África (con una producción de 70 toneladas al año), es, con diferencia, la principal exportación del país. Las exportaciones oficiales de oro ascendieron a 370 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que representa el 53 % de las exportaciones registradas, aunque se estima que alrededor del 70 % de las exportaciones de oro son informales. Otros productos de exportación son el ganado, en particular las ovejas (18 %), y el sésamo (12 %). Las exportaciones de petróleo se han reducido drásticamente desde el estallido de la guerra, y la producción se sitúa ahora por debajo de los 25 000 barriles al día. Egipto, Arabia Saudí y Omán se han convertido en los principales destinos de las exportaciones de Sudán desde que estas a los Emiratos Árabes Unidos se desplomaron a raíz del embargo emiratí sobre Puerto Sudán en agosto de 2025, en respuesta a la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte del Gobierno sudanés. No obstante, los flujos comerciales con los Emiratos Árabes Unidos han continuado, ya sea a través de Omán, que se ha convertido en un centro de transbordo, o bien a través de las zonas controladas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y los países vecinos. El déficit por cuenta corriente se financia principalmente mediante la ayuda internacional, proporcionada en gran medida en forma de asistencia humanitaria en especie (1 200 millones de dólares, equivalentes al 2 % del PIB). La inversión extranjera, por el contrario, ha sido prácticamente nula desde 2023. Las reservas de divisas siguen siendo extremadamente bajas, mientras que el tipo de cambio paralelo se ha debilitado, pasando de 2 000 SDG por dólar estadounidense en 2024 a 3 100 SDG en mayo de 2026, es decir, siete veces el tipo de cambio oficial (445 SDG).
La guerra ha provocado el colapso tanto de los ingresos públicos como del gasto público, que se sitúan ahora muy por debajo del 10 % del PIB. Una gran parte de la economía se encuentra al margen del sistema tributario formal debido a la economía sumergida, la corrupción y la pérdida de autoridad estatal en algunas zonas del país. Los ingresos no tributarios constituyen la mayor parte de los ingresos del Gobierno. En 2026, se prevé que el déficit fiscal se reduzca a pesar del aumento de los precios de los combustibles, gracias al incremento de los impuestos sobre el oro y a la reanudación de los pagos de las tasas de tránsito por parte de Sudán del Sur por las exportaciones de petróleo. El déficit debería estabilizarse en 2027 a medida que mejore la producción agrícola y se recuperen los ingresos fiscales, en consonancia con el restablecimiento gradual de la administración pública. El esfuerzo bélico y la emergencia humanitaria seguirán absorbiendo la mayor parte del gasto público. El déficit fiscal se financiará principalmente mediante financiación monetaria. En el oeste, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) no operan con un presupuesto unificado.
Sudán se encuentra en situación de impago y acumula atrasos desde 1984. Estos atrasos representan ahora la mayor parte de la deuda pública externa del país. Aunque en 2021 se previó una importante iniciativa de alivio de la deuda bajo los auspicios del FMI tras una serie de reformas, el golpe de Estado de Abdel Fattah al-Burhan pospuso indefinidamente el proceso. Según los datos oficiales más recientes, que datan de 2022, la deuda externa (el 92 % de la deuda pública total) estaba en manos principalmente de Kuwait (22 %), el Banco Central de Arabia Saudí (8 %), China (8 %) y bancos comerciales (8 %). Los miembros del Club de París poseían colectivamente el 16 %, mientras que el 7 % se debía a acreedores multilaterales. Desde 2022, Sudán no ha realizado reembolsos significativos de la deuda (en 2024 solo se reembolsaron 34 millones de dólares, exclusivamente a la AIF) y los nuevos préstamos en condiciones favorables han sido insignificantes. En junio de 2026, China condonó 50 millones de dólares de deuda bilateral. A pesar del persistente déficit presupuestario y del crecimiento negativo del PIB real, la ratio deuda/PIB ha tendido a descender desde 2020, con la excepción de 2023, cuando comenzó la guerra, como consecuencia de la hiperinflación.