Túnez

La agricultura y el turismo sirven de apoyo, mientras que la industria se encuentra bajo presión

Se prevé que la modesta recuperación observada en 2025 continúe en 2026. La agricultura (10 % del PIB) —en particular los cereales y el aceite de oliva— se está beneficiando de unas condiciones meteorológicas favorables, y la actividad de la construcción está repuntando. No obstante, la agricultura sigue siendo vulnerable a la sequía, a pesar de la puesta en marcha de tres nuevas plantas desalinizadoras de agua de mar. El sector de los servicios (el 70 % del PIB) muestra un crecimiento sostenido, impulsado por el dinamismo del turismo y las actividades relacionadas. Las llegadas de visitantes extranjeros aumentaron un 10,3 % interanual a finales de noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, el crecimiento podría verse frenado por la aerolínea nacional Tunisair, que se encuentra en una situación financiera frágil y no podrá aumentar su capacidad lo suficiente. El sector manufacturero (16 %), que incluye la confección y los componentes mecánicos y eléctricos para la industria automovilística, se enfrenta a una demanda europea estancada y a la competencia. Los esfuerzos por desarrollar segmentos más prometedores y sofisticados, como la aeronáutica, el sector médico y el farmacéutico, se ven obstaculizados por la reticencia de los inversores extranjeros, a quienes disuaden la inestabilidad política y social y la elevada presión fiscal (impuestos = 34 % del PIB). Las industrias extractivas, en particular los hidrocarburos y los fosfatos, se ven debilitadas por las huelgas y el absentismo. La agroindustria destaca por su dinamismo. Las autoridades tratan de atraer inversión extranjera directa (IED) a través de asociaciones público-privadas en los sectores del transporte, el agua, la gestión de residuos y la energía, pero estas siguen siendo insuficientes para sustentar la transformación industrial.

Al igual que la inversión extranjera, la inversión nacional se ve lastrada por la inestabilidad política y social. Además, la inversión se enfrenta a una elevada presión fiscal —los impuestos representan más de un tercio del PIB— y a la reticencia de los bancos, ya que el Gobierno absorbe una parte significativa del crédito. No obstante, una vez que se haya liquidado su último eurobono en julio de 2026, la situación podría mejorar en este último aspecto. La inversión pública se verá limitada por la difícil situación presupuestaria, ya que los ingresos se destinan a salarios, al servicio de la deuda y a costosas subvenciones.

Con una elevada tasa de desempleo (15 %), especialmente entre los jóvenes y las mujeres, el consumo de los hogares crece de forma moderada. Es cierto que las presiones inflacionistas se están atenuando gracias a la bajada de los precios mundiales de los alimentos y la energía, así como a unas restricciones a la importación menos severas. Esto llevó al banco central a ajustar su tipo de interés de referencia en diciembre de 2025, reduciéndolo del 7,5 % al 7 %. Sin embargo, la monetización del déficit presupuestario sigue alimentando las tensiones. A pesar de los controles de precios y la estabilidad del tipo de cambio, la inflación de los alimentos persiste, lo que supone una pesada carga para muchos hogares con bajos ingresos.

Situación precaria de las cuentas públicas y externas

En 2026 seguirá existiendo una fuerte presión sobre las finanzas públicas. El déficit presupuestario podría ampliarse ligeramente, impulsado por unos gastos rígidos: casi el 93 % de los ingresos fiscales se destina a la masa salarial, los intereses de la deuda y las subvenciones. El Gobierno mantiene precios regulados para la electricidad y el gas, muy por debajo de los costes reales. Por ejemplo, la Compañía Tunecina de Electricidad y Gas (STEG) aplica tarifas eléctricas que solo cubren entre el 40 % y el 60 % de los costes. Esta subvaloración obliga al Gobierno a compensar la diferencia mediante subvenciones. Además, las empresas públicas contribuyen directamente a este desequilibrio a través de sus pérdidas, a las que se suman las subvenciones, los aplazamientos de deuda y las garantías proporcionadas por el Gobierno. Estas representan el 22,1 % del déficit público total. No obstante, las autoridades han introducido medidas para aumentar los ingresos en 2026, como la implantación de un impuesto sobre los bienes inmuebles y el patrimonio personal (entre el 0,5 % y el 1 %), pero estos ajustes seguirán siendo insuficientes para invertir la tendencia.

Ante el acceso restringido a los mercados y la austeridad de los socios internacionales, las autoridades recurren cada vez más a fuentes nacionales para financiar el déficit presupuestario. Esto incluye préstamos en divisas del banco central utilizados en 2024 y 2025 para reembolsar la deuda externa. Se prevé que esta práctica continúe en 2026 para hacer frente al último pago de los eurobonos, por valor de 750 millones de euros, en julio. En total, el Gobierno ya ha solicitado un préstamo de 2 300 millones de dólares (sin intereses y reembolsable a lo largo de 15 años) para el periodo 2024-2025 y tiene previsto aumentar esta cantidad hasta los 3 800 millones de dólares en 2026. El banco central es ahora el principal prestamista, con un nivel que representa en torno al 4 % del PIB, por delante de los bancos comerciales nacionales, que a su vez están muy expuestos a empresas públicas deficitarias. Por lo tanto, el sistema bancario está muy expuesto al riesgo soberano. Las necesidades de financiación del Gobierno se estiman en el 15 % del PIB: un 10 % para el servicio de la deuda (un 5 % externa y un 5 % interna), además del déficit.

El déficit por cuenta corriente también podría ampliarse ligeramente en 2026 debido al empeoramiento del déficit comercial (9 % del PIB). A pesar de la caída de los precios de la energía, el déficit se ampliará como consecuencia del aumento de las importaciones, impulsado por la recuperación de la demanda interna y cierta nueva financiación externa. Por el contrario, las exportaciones seguirán estancadas, lastradas por la débil demanda europea, las limitaciones internas (huelgas, falta de financiación, estancamiento en el sector de los fosfatos) y los aranceles aduaneros de EE. UU. (25 %). Este deterioro se verá parcialmente compensado por un crecimiento moderado de los ingresos por turismo (5 % del PIB) y de las remesas de los expatriados (6 % del PIB). La escasa inversión extranjera directa, así como los pocos fondos multilaterales y bilaterales destinados a contener la migración y financiar infraestructuras, no serán suficientes para financiar íntegramente el déficit. Las reservas de divisas (3,4 meses de importaciones a finales de 2025) tendrán que utilizarse para reforzar la economía.

Presidentialismo frente a la mejora de las condiciones de vida: ¿se respetará el acuerdo?

En 2022, una nueva Constitución aprobada por referéndum estableció un sistema presidencialista fuerte, que debilitó el poder legislativo y otorgó al presidente el control sobre el Gobierno, las fuerzas de seguridad y el poder judicial. A pesar del escaso apoyo de la ciudadanía, como demuestra la baja participación electoral (un 11 % en las elecciones parlamentarias de finales de 2023 y un 28,8 % en las presidenciales), Kaïs Saïed fue reelegido presidente en octubre de 2024 con el 90,7 % de los votos en unas elecciones marcadas por la represión de la oposición. Desde entonces, la centralización del poder, la marginación de los partidos políticos y la represión de las figuras de la oposición han avivado el descontento. Se han producido huelgas continuas, lideradas por la UGTT (Unión General de Trabajadores de Túnez), que convocó una huelga general en enero de 2026. A pesar de ello, el presidente sigue gozando de cierto apoyo popular. Las manifestaciones (todavía) atraen a relativamente poca gente. Sin embargo, se ha alcanzado un acuerdo: reforzar el poder presidencial a cambio de mejorar las condiciones de vida. Aunque el presidente intenta contener las protestas mediante el gasto social, su estilo autoritario y las frecuentes reorganizaciones del Gobierno están socavando la eficiencia administrativa, y la corrupción prevalece a pesar de las reformas.

En 2023, Kaïs Saïed rechazó el programa propuesto por el FMI (1.9 mil millones de dólares), que incluía recortes de subsidios y la reforma de las empresas estatales, al considerar que el coste social era demasiado elevado. Sin embargo, los socios occidentales y del Golfo siguen prestando un apoyo financiero limitado para contener la presión migratoria del África subsahariana, garantizar un suministro alimentario adecuado y financiar proyectos de infraestructura, entre otras cosas. En el ámbito diplomático, Túnez aspira a mantener una política exterior equilibrada, preservando sus vínculos con Europa y Estados Unidos, al tiempo que refuerza sus relaciones con Rusia, China y potencias regionales como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y, sobre todo, Argelia, que es un proveedor clave de gas natural.

Última actualización: enero de 2026