Venezuela (República Bolivariana de)

La desaceleración del crecimiento en un contexto de caída de los precios del petróleo y aumento de la inflación

El crecimiento económico de Venezuela en 2025 se produce en un contexto de estabilización macroeconómica frágil y esencialmente defensiva, sostenida casi exclusivamente por factores externos y temporales. El principal motor de esta mejora fue el aumento de las exportaciones de petróleo, que fue posible gracias a la flexibilización selectiva de las sanciones de EE. UU. y, sobre todo, al mantenimiento de la licencia de Chevron, lo que permitió al régimen conservar el acceso a divisas fuertes sin tener que recurrir de inmediato a la monetización del déficit. Este flujo adicional de dólares contribuyó a una recuperación parcial de las reservas internacionales, que alcanzaron su nivel más alto en una década, y ayudó a contener la volatilidad del tipo de cambio, lo que se tradujo en una depreciación solo moderada del bolívar a lo largo del año y evitó, por ahora, una vuelta a la hiperinflación. Los resultados de 2025 no constituyen una recuperación estructural de la economía. El crecimiento sigue desconectado de las ganancias de productividad, la inversión privada o el fortalecimiento institucional, y se produce en un contexto de subinversión crónica, deterioro de los servicios públicos, empresas estatales deficitarias y una base productiva extremadamente limitada. La economía sigue dependiendo excesivamente del petróleo como fuente de divisas, lo que la hace vulnerable a las perturbaciones externas y a la orientación de la política estadounidense, mientras que el entorno interno sigue caracterizándose por un alto nivel de informalidad, una baja recaudación fiscal y graves limitaciones a la capacidad de crecimiento sostenido.

Para 2026, las expectativas de crecimiento económico se han vuelto sustancialmente más inciertas debido al conflicto político que se produjo en enero, el cual alteró inesperadamente el equilibrio observado anteriormente entre una estabilización económica limitada y la continuidad del régimen. Este nuevo contexto aumenta el grado de imprevisibilidad en cuanto a la conducción de la política económica, el funcionamiento de las instituciones y la capacidad del país para mantener flujos estables de divisas fuertes. La economía venezolana sigue dependiendo estructuralmente del sector petrolero y de la postura de Estados Unidos, lo que hace que el crecimiento sea especialmente sensible a los cambios en el entorno político. La incertidumbre actual tiende a afectar negativamente a las decisiones de producción, exportación e inversión, incluso en el sector del petróleo y el gas, lo que debilita el principal canal de apoyo a la actividad observado en 2025. En este escenario, el crecimiento en 2026 no debe entenderse como una prolongación automática de la dinámica de 2025. Aunque un colapso económico inmediato no es el escenario de referencia, el aumento de la incertidumbre política reduce la previsibilidad de los ingresos procedentes del exterior, limita la capacidad del Gobierno para planificar el gasto y aumenta la probabilidad de que se produzcan presiones fiscales y monetarias adicionales. En consecuencia, las expectativas para 2026 apuntan a una expansión que depende en gran medida de la definición del nuevo orden político y de la respuesta de la comunidad internacional, con riesgos sesgados a la baja y una falta de fundamentos internos capaces de sostener un ciclo de crecimiento más duradero.

Ante la incertidumbre política, persisten las debilidades fiscales

En 2025, la situación económica de Venezuela se caracterizó por una combinación de alivio externo temporal y fragilidad estructural persistente. La balanza por cuenta corriente se mantuvo en superávit, pero este resultado reflejó principalmente la compresión de las importaciones impuesta por las sanciones, el acceso limitado a la financiación externa y los bajos ingresos internos, más que una expansión saludable de la capacidad productiva. No obstante, la flexibilización selectiva de las sanciones y el mantenimiento de la licencia de Chevron impulsaron las exportaciones de petróleo y aumentaron la entrada de dólares, lo que permitió una cierta recuperación de las reservas internacionales y mantuvo un nivel mínimo de importaciones, incluso a través de canales paralelos. En el ámbito fiscal, la recuperación parcial de los ingresos petroleros redujo la necesidad inmediata de monetizar el déficit, pero no fue suficiente para alterar la dinámica estructural de las cuentas públicas: el déficit se mantuvo elevado, lo que reflejaba un Estado sobredimensionado, empresas públicas crónicamente deficitarias, una base impositiva debilitada por la economía informal y un escaso margen para la consolidación fiscal sin comprometer las redes clientelistas. En este contexto, el ahorro público siguió siendo negativo y el ahorro privado se mantuvo deprimido, limitado por los bajos ingresos reales, la incertidumbre institucional y la ausencia de canales de intermediación financiera funcionales.

En 2026, las perspectivas para la balanza por cuenta corriente, el saldo presupuestario y la formación de ahorro se volvieron sustancialmente más inciertas, ya que el entorno político e institucional comenzó a introducir una mayor volatilidad en los principales canales macroeconómicos. La sostenibilidad del superávit por cuenta corriente se ha vuelto menos predecible, ya que depende casi por completo de la continuidad de los flujos de exportación de petróleo y del grado de acceso a los mercados extranjeros, en un contexto de mayor riesgo de perturbaciones y de una aplicación más estricta de las normas. Cualquier debilitamiento de las entradas de dólares tendería a traducirse no en déficits externos financiables, sino en una mayor compresión de las importaciones, lo que agravaría las restricciones a la actividad económica y al consumo. En el ámbito fiscal, la incertidumbre afecta directamente a la previsibilidad de los ingresos, mientras que las rigideces del gasto —asociadas al mantenimiento del aparato estatal, a las empresas públicas deficitarias y a posibles presiones adicionales sobre el gasto en seguridad— reducen aún más la capacidad de ajuste. Sin prácticamente ningún acceso al exterior y con una base de inversores nacionales muy reducida, la financiación del déficit se vuelve más frágil, lo que aumenta el riesgo de un mayor recurso a la financiación monetaria. Esta situación tiende a mantener el ahorro público y privado en niveles muy bajos, lo que debilita los amortiguadores económicos y deja a la economía más expuesta a las perturbaciones a lo largo de 2026.

Maduro consolida su poder en medio de unas elecciones controvertidas y crecientes tensiones geopolíticas

Desde que Nicolás Maduro asumió su tercer mandato tras las elecciones presidenciales de 2024 —ampliamente cuestionadas debido a sospechas de fraude—, el panorama político interno de Venezuela se ha caracterizado por un grave déficit de legitimidad y un deterioro institucional a lo largo de 2025. Estas tensiones se agudizaron en las elecciones legislativas y regionales celebradas en mayo de 2025, en las que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo una victoria aplastante —ganando en 23 de los 24 estados y consiguiendo más del 80 % de los votos en las listas nacionales— en un proceso boicoteado por la mayor parte de la oposición, que denunció la ausencia de garantías electorales tras la contienda presidencial del año anterior. Las elecciones también se caracterizaron por detenciones de opositores, restricciones a la movilización política y una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, lo que consolidó el control de Maduro sobre los poderes subnacionales y la legislatura, pero reforzó la percepción de unas elecciones poco competitivas y con escasa credibilidad pública. A pesar de las críticas internas y externas, socios estratégicos y comerciales como China y Rusia reconocieron formalmente la legitimidad de la victoria de Maduro, aunque adoptaron una postura cautelosa y pragmática, evitando una implicación política más activa o un apoyo material significativo, en parte para no agravar las tensiones con Estados Unidos.

La crisis política, que había alcanzado una fase de estancamiento en 2025, derivó en un profundo colapso del orden institucional. A lo largo del año, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se deterioraron progresivamente, pasando de la presión económica a la confrontación militar directa, lo que reflejó una escalada sin precedentes de las tensiones bilaterales. Con el pretexto de combatir el narcotráfico, la Administración estadounidense intensificó las operaciones navales y las interceptaciones de buques vinculados al transporte de petróleo y drogas asociados a la denominada «flota fantasma» venezolana, incluyendo bloqueos y confiscaciones de petroleros en el Caribe y el Atlántico. Washington justificó la campaña como una estrategia para impedir las actividades ilícitas y ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esta dinámica culminó en una operación militar sorpresa a principios de enero de 2026, durante la cual las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas y lo trasladaron a Nueva York, donde se enfrenta a cargos federales por tráfico de drogas, narcoterrorismo y otros delitos, y se ha declarado inocente ante el tribunal. Tras la inesperada salida de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina por el Tribunal Supremo, lo que puso fin de hecho al tercer mandato que había comenzado en enero de 2025.

Última actualización: enero de 2026