Colombia

Se prevé que el crecimiento económico se acelere moderadamente en 2026

Aunque se prevé que sea ligeramente superior, se espera que el crecimiento económico colombiano en 2026 siga siendo moderado, pero más equilibrado y sostenible que en años anteriores. El consumo de los hogares (el 73 % del PIB) seguirá siendo el principal motor de la actividad, impulsado por un nuevo aumento del salario mínimo real, lo que respaldará los ingresos reales. Sin embargo, este estímulo a la demanda también mantendrá elevadas las presiones inflacionistas. Con una ligera mejora del poder adquisitivo, esto acabará impulsando los servicios (comercio minorista y transporte), que en conjunto representan más de la mitad del PIB. No obstante, se prevé que este dinamismo se produzca en un contexto de cautela por parte de los hogares, ya que los niveles de endeudamiento siguen siendo elevados y los precios, relativamente altos. Además, para contener la inflación sin frenar la actividad, se espera que el Banco de la República (BanRep) adopte una política monetaria gradualmente más flexible, reduciendo su tipo de interés de referencia a finales de año. Los elevados tipos de interés reales seguirán limitando el crédito y la inversión productiva. El debilitamiento de la situación fiscal reduce el margen para aplicar políticas expansionistas y suscita inquietudes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aun así, la posible elección de un gobierno más favorable al mercado y fiscalmente conservador tendería a restablecer la confianza empresarial, impulsando así la inversión. Por el lado de la producción, los sectores industrial y de la construcción podrían experimentar una recuperación gradual con la reanudación de algunos proyectos de infraestructura energética y logística.

También se espera que las exportaciones colombianas en 2026 registren un crecimiento moderado, en consonancia con la recuperación gradual de la economía mundial. La estructura exportadora del país, muy concentrada en productos energéticos y minerales, seguirá basándose en el petróleo, el carbón y el oro, que en conjunto representan más del 50 % de las ventas al exterior. Se prevé que la demanda internacional de energía se mantenga relativamente fuerte, lo que beneficiará a Colombia con precios elevados de forma duradera y mantendrá el superávit comercial de estos productos. Más allá del sector extractivo, se espera que otros segmentos ganen terreno gradualmente. El sector agrícola, un actor tradicional en el comercio exterior de Colombia, probablemente se fortalezca gracias al sólido comportamiento de las exportaciones de café, flores y frutas tropicales, impulsadas por la alta calidad de los productos y el aumento de la demanda en los mercados europeos y norteamericanos. El crecimiento de las exportaciones de servicios, especialmente en turismo y tecnologías de la información, destaca como una evolución positiva. Se prevé que el turismo se beneficie de la mejora de la percepción de seguridad en regiones anteriormente afectadas por la violencia, y es probable que la industria digital amplíe sus exportaciones de software y servicios externalizados, aprovechando los crecientes niveles de cualificación de la mano de obra urbana.

Déficit por cuenta corriente moderado, pero situación presupuestaria complicada en 2026

Colombia seguirá dependiendo en gran medida de un perfil de exportación basado en las materias primas. Las materias primas representan más de la mitad de las ventas al exterior y siguen siendo la principal fuente de entradas de divisas. La recuperación del turismo internacional y el flujo constante de remesas enviadas por los colombianos que viven en el extranjero —especialmente en EE. UU.— también servirán como importantes factores estabilizadores, lo que ayudará a mitigar el impacto del déficit comercial. Sin embargo, la limitada diversificación productiva y los débiles resultados de las exportaciones de productos manufacturados están restringiendo la capacidad del país para generar divisas en períodos de caída de los precios de las materias primas, lo que hace que el sector exterior sea vulnerable a las fluctuaciones internacionales. Por su parte, se prevé que las importaciones crezcan a un ritmo acelerado, impulsadas por el aumento de los ingresos, una recuperación parcial de las inversiones en infraestructuras y la apreciación del tipo de cambio real, lo que hace que los productos extranjeros resulten relativamente más asequibles. Es probable que los combustibles refinados, la maquinaria y los equipos industriales lideren esta tendencia, lo que ampliará aún más el déficit comercial. En cuanto a la financiación externa, Colombia seguirá atrayendo inversión extranjera directa (IED), especialmente en los sectores energético y minero. Además, el país mantendrá una posición sólida en materia de reservas internacionales, con un total previsto de 67 000 millones de dólares a finales de 2025, lo que equivale a 9,9 meses de importaciones. Esto garantiza la estabilidad del tipo de cambio y reduce el riesgo de desequilibrios externos. En general, se prevé que la balanza por cuenta corriente de Colombia en 2026 presente un déficit estructural, aunque sostenible. Este resultado refleja un equilibrio entre el crecimiento del consumo interno y la resiliencia de las exportaciones de materias primas y servicios.

En el ámbito fiscal, Colombia se enfrenta a uno de los mayores retos de su política económica reciente debido al aumento del déficit, aunque este podría reducirse ligeramente en 2026. La cifra del déficit pone de manifiesto la dificultad de contener el gasto público ante la desaceleración económica y las presiones sociales. El lado presupuestario refleja esta fragilidad: los gastos obligatorios siguen creciendo, impulsados por los aumentos del salario mínimo, los ajustes automáticos de las pensiones, la asistencia sanitaria y las transferencias regionales, así como por la expansión de los programas sociales. Aunque el Gobierno pretende aumentar la recaudación fiscal mediante reformas tributarias, el enfoque excesivo en la generación de ingresos, sin realizar recortes significativos en el gasto, tiene un impacto limitado en la consolidación fiscal. Se prevé que la deuda pública bruta alcance una proporción mayor del PIB en 2026, acercándose al límite máximo establecido por la norma fiscal (71 %), que fue suspendida en 2025 hasta 2027 mediante una «cláusula de excepción». Esta norma, al imponer un techo de deuda, obliga al Gobierno a reducir su déficit anual para mantener la deuda dentro de ese límite. Esta trayectoria preocupa al mercado y a las agencias de calificación crediticia, ya que pone de manifiesto un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos, lo que obligará al próximo Gobierno a aplicar medidas de austeridad más estrictas.

El presidente Petro seguirá enfrentándose a presiones internas hasta el final de su mandato en 2026

En junio de 2022, Gustavo Petro asumió la presidencia tras obtener el 50,44 % de los votos válidos en la segunda vuelta de las elecciones. Petro, antiguo miembro de un grupo rebelde ahora desmovilizado, fue el candidato de la coalición «Pacto Histórico por Colombia» (PHxC), una alianza de partidos y movimientos de izquierda creada en febrero de 2021. Su mandato de cuatro años finalizará en agosto de 2026 y, tal y como establece la Constitución, no podrá presentarse de nuevo a las elecciones de mayo de 2026. Como primer presidente de izquierdas en la historia reciente del país, Petro llegó al poder prometiendo una profunda transformación, centrada en la justicia social, la «paz total» y la transición energética. Sin embargo, su Gobierno se ha enfrentado a numerosos retos internos y externos que están socavando su estabilidad y eficacia. Cuando la popularidad de Petro cayó (al 29 % a principios de noviembre de 2025), el Gobierno perdió gran parte del apoyo necesario de las facciones de centroizquierda y de centro en el Congreso.

Las reformas propuestas por el Gobierno han avanzado de forma desigual. La reforma laboral fue la única que se aprobó, aunque en una versión diluida, tras el rechazo de medidas más amplias, como la reducción de la semana laboral. La reforma de las pensiones, destinada a ampliar la cobertura y crear pilares solidarios, ha cobrado impulso con la aprobación de un nuevo proyecto de ley, que ahora está a punto de ser aprobado. La reforma sanitaria, que persigue la universalidad y una nueva estructura institucional, sigue en curso, mientras que la reforma educativa permanece estancada. Se espera que la reforma fiscal avance parcialmente, mientras que la suspensión de la Regla Fiscal hasta 2027 se ha aplicado plenamente, lo que garantiza una mayor flexibilidad. La transición energética, aunque estratégica para reducir la dependencia del petróleo y el carbón, se enfrenta a una fuerte resistencia y a un escaso apoyo parlamentario, y sigue siendo objeto de debate. La seguridad interna sigue siendo uno de los mayores retos de Colombia, marcada por la violencia armada persistente y la incapacidad del Gobierno para consolidar el control sobre amplias zonas del país. El proyecto de «paz total», la principal política insignia del presidente Petro, ha resultado en gran medida ineficaz tras casi tres años en vigor. La política pretendía negociar simultáneamente con diversos grupos armados (ELN, disidentes de las FARC, etc.) y bandas criminales, pero en la práctica ha dado lugar a la expansión territorial y al fortalecimiento de estas organizaciones, que se han aprovechado de la reducción de las acciones militares para ampliar su influencia en las zonas rurales —donde suele predominar el cultivo de coca— y sobre las rutas del narcotráfico. Su avance ha provocado un aumento de las tasas de homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones, lo que ha minado la credibilidad del Gobierno ante la población y ha agravado el clima de inseguridad. Aunque Petro ha reanudado recientemente algunas operaciones militares para contener el avance de los grupos armados, la fragilidad institucional y la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades locales comprometen la eficacia de estas acciones. El fracaso del proyecto de «paz total» no solo ha puesto de manifiesto las limitaciones del Gobierno, sino que también se ha convertido en uno de los principales factores de la erosión política de la izquierda y del fortalecimiento del discurso conservador sobre la seguridad y el orden de cara a las elecciones de 2026.

De cara a 2026, el panorama electoral se caracteriza por una profunda incertidumbre y una fragmentación sin precedentes. La tendencia predominante sugiere que es más probable que gane un candidato de centro-derecha, dada la insatisfacción de la ciudadanía con la actual administración y la creciente demanda de alternativas más moderadas. Las elecciones legislativas, previstas para el 8 de marzo de 2026, servirán para elegir a 103 senadores y 183 diputados. Se mantendrá el sistema de representación proporcional basado en el cociente distribuidor, lo que fomenta la diversidad de partidos, pero también contribuye a la fragmentación del Congreso. Se prevé que el Congreso de 2026-2030 esté aún más fragmentado, que el «petrismo» se debilite y que las fuerzas de centro y de derecha se fortalezcan.

Enfrentamiento entre los presidentes Petro y Trump

En materia de política exterior, Colombia atraviesa un periodo de intensa tensión diplomática con Estados Unidos, su principal socio histórico. Las relaciones se deterioraron rápidamente tras una serie de declaraciones del presidente Petro, quien criticó abiertamente las acciones militares estadounidenses contra buques que presuntamente transportaban drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, e incluso instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump, lo que provocó la revocación temporal de su visado en septiembre de 2025. En respuesta, Trump tildó a Petro de «líder de las drogas ilegales» y amenazó con imponer nuevos aranceles a las exportaciones colombianas, aunque aún no los ha aplicado oficialmente. Además, el Gobierno de EE. UU. revocó la certificación de Colombia como socio en la lucha contra las drogas, una medida que podría debilitar el flujo de cooperación bilateral y afectar a la ayuda en materia de seguridad al país, equivalente a alrededor del 0,1 % del PIB, aunque el presidente Trump concedió inmediatamente una exención. Este enfrentamiento entre los dos presidentes se ha limitado al ámbito de las amenazas, más que a la acción. No obstante, Colombia busca estrechar sus lazos diplomáticos con China —se unió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en mayo de 2025— y ha reforzado el diálogo en materia de seguridad con Venezuela. Las tensiones podrían aliviarse tras las elecciones.

Pago

La factura es el título de garantía más utilizado para el cobro de deudas en Colombia. Cuando se realiza una venta, el vendedor debe emitir una factura original y dos copias. El vendedor debe conservar el original para utilizarlo en caso de litigios. A continuación, se entrega una copia al comprador y el vendedor conserva la otra para sus registros contables. Asimismo, en Colombia se ha regulado la implantación de la factura electrónica, que es un documento que da fe de las transacciones de venta de bienes y/o servicios y que funciona a través de sistemas informáticos que permiten cumplir con las características y condiciones establecidas en relación con la expedición, recepción, rechazo y conservación. Siempre tienen un valor patrimonial con contenido crediticio, societario o de participación, y son tradicionales o representativas de mercancías.

Otros métodos de pago utilizados en Colombia son las letras de cambio, los cheques, los pagarés, los acuerdos de pago, los bonos, los conocimientos de embarque o las cartas de porte. Se utilizan habitualmente en las transacciones comerciales nacionales y suelen considerarse títulos de reconocimiento de deuda que pueden facilitar el acceso a procedimientos de vía rápida ante los tribunales.

Las transferencias bancarias se están desarrollando rápidamente en Colombia. Las transferencias bancarias SWIFT son un método de pago cada vez más popular para las transacciones internacionales. Para las transacciones de gran cuantía, los pagos se realizan a través de una red interbancaria nacional denominada SEBRA (Servicios Electrónicos del Banco de la República), que utiliza un sistema de liquidación en tiempo real. A su vez, SEBRA utiliza dos sistemas: CEDEC (sistema de compensación de cheques) y CENIT (compensación interbancaria electrónica nacional). Para los pagos de menor cuantía, predominan el efectivo y los cheques.

El método de pago más utilizado en Colombia es la transferencia bancaria para transacciones comerciales y, en menor medida, los cheques; el efectivo es un método utilizado en Colombia, pero más asociado a las pequeñas empresas; en nuestro caso, no aceptamos pagos en efectivo.

Actualmente, las empresas colombianas están implantando la facturación electrónica de conformidad con la Resolución n.º 20, de marzo de 2019. La empresa de servicios ya cuenta con el sistema de facturación electrónica, mientras que el proyecto de la compañía de seguros está suspendido por el regulador; esto significa que la factura electrónica se considera un título de reconocimiento de deuda que confiere un derecho legal sobre un servicio o un bien.

Existen otras formas de pago, como letras de cambio, pagarés, acuerdos de pago, bonificaciones, cartas de desembolso o hojas de ruta. Se utilizan habitualmente en las transacciones comerciales nacionales, aunque no son aplicables a nuestra actividad.

Por último, la facturación en moneda extranjera está permitida entre residentes fiscales en Colombia para determinados tipos de operaciones; las operaciones de reaseguro y de seguros forman parte de ellas, por lo que podemos emitir una póliza en moneda extranjera para la línea de negocio de exportación; dicho esto, también podemos realizar y recibir pagos de siniestros en moneda extranjera.

Cobro de deudas

Fase amistosa

La fase amistosa es una alternativa recomendada a los procedimientos formales. Según la legislación colombiana, las audiencias de conciliación o mediación previas al inicio de los procedimientos formales son obligatorias. La mediación previa al juicio también debe llevarse a cabo en los litigios administrativos.

El acreedor inicia el proceso de recuperación amistosa recordando al deudor la deuda pendiente por teléfono. Si esto no da resultado, el acreedor solicita posteriormente, mediante correo electrónico o carta certificada, el pago inmediato de la deuda. Si se paga la deuda, el deudor no tendrá que asumir los intereses de demora, los gastos ni los honorarios legales.

Procedimientos judiciales

Procedimientos acelerados

Cuando la deuda es cierta e indiscutible (como ocurre con una letra de cambio), el acreedor puede iniciar un procedimiento sumario para obtener un requerimiento de pago. El deudor debe cumplir la resolución en un plazo de 10 días o presentar un escrito de contestación.

Procedimiento ordinario

Se debe notificar al deudor, mediante un auto, que el juez ha autorizado el procedimiento. A continuación, el deudor debe contestar a la demanda en un plazo de 20 días. Si el deudor no lo hace, el juez puede dictar una sentencia en rebeldía, privando al demandado de su derecho a recurrir. De lo contrario, el tribunal invitará a las partes a asistir a un procedimiento de mediación con el fin de alcanzar un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, las partes presentarán sus argumentos y pruebas. Posteriormente, el tribunal dictará una resolución.

En principio, las resoluciones en primera instancia deben dictarse en el plazo de un año, mientras que los tribunales de apelación deben hacerlo en un plazo adicional de seis meses. No obstante, en la práctica, los tribunales colombianos son poco fiables, y puede tardarse hasta cinco años en obtener una resolución en primera instancia y diez años en resolver un litigio completo.

0

Ejecución de una resolución judicial

Las sentencias nacionales son ejecutables una vez agotadas todas las vías de recurso. La ejecución forzosa se lleva a cabo mediante el embargo y la subasta de los bienes del deudor. No obstante, es posible cobrar la deuda de un tercero mediante una orden de embargo de salario.

En cuanto a las sentencias extranjeras, los tribunales nacionales suelen ejecutarlas siempre que hayan sido reconocidas por la Corte Suprema mediante el procedimiento de exequátur. Los tribunales colombianos no reconocerán las resoluciones extranjeras dictadas en países que no reconozcan las resoluciones colombianas.

Procedimientos de insolvencia

Los procedimientos de insolvencia en Colombia se rigen por la Ley de Insolvencia de 2006, que establece los procedimientos de reorganización y los de liquidación judicial.

En casos de insolvencia o quiebra, el proceso debe presentarse ante la Superintendencia de Sociedades cumpliendo los requisitos de la Ley 1116 de 2006. A continuación, el caso se asignará a un administrador o liquidador, según la situación de la empresa deudora.

PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Los deudores pueden negociar acuerdos de reestructuración de la deuda con sus acreedores antes de declararse en situación de insolvencia. El acuerdo definitivo debe ser validado por un juez de insolvencia.

REORGANIZACIÓN

El procedimiento se inicia mediante la presentación de una solicitud por parte del deudor, de uno o varios acreedores, o del Superintendente. Si se admite a trámite, se declara al deudor en situación de insolvencia y se suspenden todas las ejecuciones. El deudor presenta el plan de reorganización, que debe ser aprobado por los acreedores y el juez. El tribunal puede designar a un «promotor» para que gestione la empresa.

LIQUIDACIÓN

Se produce cuando no se alcanza un acuerdo de reorganización o cuando el deudor no ha cumplido las condiciones negociadas. Puede ser solicitada tanto por el deudor como por los acreedores. Se nombra a un liquidador para que elabore una lista de los créditos de los acreedores y gestione la liquidación de la masa patrimonial.

Última actualización: noviembre de 2025