Panamá

Crecimiento expuesto a las incertidumbres del comercio mundial

En 2025, el crecimiento repuntó gracias a la desaparición del efecto del cierre de la mina Cobre Panamá a finales de 2023 y al dinamismo del sector del transporte durante el primer semestre del año. Los ingresos por peajes del Canal aumentaron tras el levantamiento de las restricciones de tránsito impuestas como respuesta a las graves sequías de 2023-2024, pero también debido a la anticipación de los aranceles estadounidenses.

En 2026, el tráfico por el Canal podría disminuir debido a una desaceleración en EE. UU. y a los elevados niveles de existencias. Sin embargo, los servicios financieros y comerciales que prestan servicio a la región, impulsados por la posición geográfica estratégica del país, seguirán siendo pilares del crecimiento. El crecimiento del crédito se mantendrá sólido en un contexto de inflación moderada. El sector de la construcción se beneficiará de importantes proyectos de infraestructura, financiados en parte por socios extranjeros, como la ampliación de la línea 3 del metro (que incluye un túnel bajo el Canal), la rehabilitación de carreteras rurales y la construcción de un cuarto puente sobre el Canal. Además, en julio de 2025, la Autoridad del Canal de Panamá anunció un amplio plan de inversión a diez años por valor de 8.5 mil millones de dólares, destinado a la construcción de un gasoducto de gas licuado de petróleo de 80 km, la creación de dos nuevas terminales portuarias y un nuevo embalse en el Río Indio. Las obras podrían comenzar en 2027. La financiación procederá de recursos internos de la ACP, asociaciones público-privadas y préstamos multilaterales en condiciones favorables. Sin embargo, es poco probable que se reabra la mina Cobre Panamá. A finales de 2023, el Tribunal Supremo dictaminó que la renovación de la concesión firmada con First Quantum Minerals (FQM) para la explotación de la mina, que aportaba aproximadamente el 5 % del PIB y el 75 % de las exportaciones de bienes del país, era inconstitucional. En mayo de 2025, las autoridades aprobaron un plan que autorizaba el mantenimiento de la mina en su estado actual, financiado mediante la exportación de más de 120 000 toneladas de concentrado de cobre almacenado (300 millones de dólares, el 0,3 % del PIB). La iniciativa se produjo tras el anuncio de FQM de que suspendía el procedimiento de arbitraje contra Panamá, allanando el camino para las negociaciones. Sin embargo, es probable que la falta de consenso político y la oposición popular impidan su reapertura. El presidente Mulino intentará sofocar nuevas protestas, como las masivas de 2023, o huelgas como la de 2025 convocada por trabajadores de la construcción, docentes y trabajadores del sector bananero. Esta paralizó el 90 % de la actividad de la construcción, suspendió la educación pública y provocó el cierre de la empresa bananera estadounidense Chiquita Brands. Las reivindicaciones se centraron principalmente en la reforma del sistema de pensiones, así como en el acuerdo bilateral de cooperación en materia de seguridad con EE. UU. y la posible reapertura de la mina.

El consumo público seguirá estando limitado por los continuos esfuerzos de consolidación fiscal. Por el contrario, el consumo privado (que se prevé que crezca un 4 % en 2026) debería verse estimulado por el retorno de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) a la flexibilización monetaria, dado que la economía panameña está dolarizada. La inflación aumentará ligeramente, pero se mantendrá moderada desde el punto de vista estructural.

Consolidación fiscal frágil

En 2025, el déficit presupuestario se redujo significativamente, tras haberse ampliado drásticamente en 2024 debido a factores excepcionales: la liquidación de atrasos en los pagos (0,8 % del PIB), el gasto excesivo relacionado con las elecciones, la disminución de los ingresos del Canal debido a la sequía (0,3 % del PIB) y la pérdida de ingresos mineros tras el cierre de la mina de Cobre.

En 2026, el servicio de la deuda requerirá 2.1 mil millones de dólares adicionales en comparación con 2025, y los pagos de intereses requerirán 469 millones de dólares adicionales, lo que supone un total de más de 8 mil millones y 3.7 mil millones de dólares, respectivamente. Las necesidades brutas de financiación ascenderán, por tanto, al 9 % del PIB. A pesar de esta creciente presión, se prevé que el déficit se reduzca ligeramente gracias a la consolidación fiscal continuada. El Gobierno cuenta con una mejora de la recaudación fiscal mediante mecanismos de control más estrictos, en lugar de la implantación de nuevos impuestos o subidas de tipos. También se beneficiará de los ingresos generados por el Canal en forma de regalías y dividendos (el 17 % de los ingresos, o el 3 % del PIB). Se prevé que los ingresos crezcan un 14 %, a pesar de la disminución prevista del 7 % en los peajes. El Gobierno mantendrá un control estricto sobre los gastos de funcionamiento. Sin embargo, los aumentos automáticos de los salarios de los funcionarios y de las cotizaciones a las pensiones limitarán la flexibilidad. Además, el plan de consolidación fiscal podría verse obstaculizado por retos políticos —dado que el partido gobernante, Realizando Metas (RM), solo cuenta con 15 escaños (de un total de 71) en una Asamblea Nacional fragmentada— y por la presión popular. La reforma de las pensiones promulgada en 2025, cuyo objetivo era absorber el enorme déficit del sistema sustituyendo el modelo de solidaridad intergeneracional por un régimen de prestaciones definidas que incluía un sistema de cuentas individuales para los nuevos afiliados, desencadenó una huelga nacional. La reforma, que se espera que aumente los ingresos públicos en un punto porcentual del PIB al elevar las cotizaciones patronales del 4,25 % al 7,25 %, ha sido denunciada por los sindicatos como una privatización del sistema social. El Gobierno podrá financiar su déficit presupuestario en los mercados de capitales. Panamá cuenta con condiciones favorables para acceder a los mercados internacionales, favorecidas por la dolarización de su economía. A menos que las agencias vuelvan a rebajar su calificación soberana, estas condiciones deberían mejorar en 2026 gracias a la flexibilización monetaria en EE. UU. Se prevé que la deuda pública, de la cual el 85 % es externa y el 72 % está en manos de acreedores comerciales extranjeros, se estabilice.

En 2026, la balanza por cuenta corriente podría deteriorarse aún más. Una reducción del comercio mundial podría afectar a los ingresos procedentes del tráfico de tránsito por el Canal y de las reexportaciones asociadas. El comercio de servicios logísticos también podría verse afectado por las tensiones comerciales mundiales. Sin embargo, la balanza de servicios se beneficia de un superávit estructural (15,5 % del PIB en 2026), impulsado principalmente por el transporte y el turismo. El déficit comercial estructural se agravará (-10 % del PIB), sobre todo porque la demanda de bienes de capital importados aumentará debido a los grandes proyectos de infraestructura. El déficit de rentas primarias seguirá alimentándose de la repatriación de dividendos e intereses por parte de los inversores extranjeros. Panamá seguirá siendo un destino atractivo para importantes flujos de IED, que financiarán en gran medida su déficit por cuenta corriente, sobre todo en el contexto del amplio plan de inversión de la Autoridad del Canal de Panamá. Su posición como centro logístico y financiero, así como sus zonas francas, favorecen esta situación.

Panamá en el centro de las tensiones entre China y Estados Unidos

José Raúl Mulino, candidato del partido de centro-derecha RM, ganó las elecciones presidenciales en una sola vuelta en mayo de 2024 con el 34 % de los votos, superando a su principal rival por diez puntos. Sin embargo, no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional, que está muy fragmentada y se caracteriza por el auge de las fuerzas independientes y antisistema. En 2026, Mulino tendrá que seguir luchando contra los demás partidos, además de hacer frente a una opinión pública agitada. En particular, tendrá que satisfacer las exigencias de EE. UU. sin dejar de preservar la soberanía de Panamá, con el fin de evitar avivar el descontento popular. En 2025 estallaron protestas tras la firma de un acuerdo de seguridad con Washington y se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo. El acuerdo, válido y renovable por tres años, autoriza el despliegue de tropas estadounidenses en torno al Canal y proporciona acceso a tres instalaciones estratégicas. El acuerdo refleja la creciente influencia de EE. UU., marcada por una mayor presión sobre la soberanía en torno al Canal, la presencia de empresas chinas en la economía panameña y el control de la migración. El acuerdo sobre la deportación de migrantes indocumentados desde EE. UU. otorga a este último un mayor poder. Las autoridades estadounidenses se reservan el derecho a deportar a Panamá a todos los migrantes procedentes de países de Sudamérica u otros continentes, ya que se considera que han atravesado el Corredor del Darién, situado en la frontera con Colombia.

Panamá también se encuentra en el centro de las tensiones entre China y Estados Unidos. El país se está acercando a la Casa Blanca, como demuestran su decisión de no renovar su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y el anuncio de Estados Unidos de que sustituirá los equipos de telecomunicaciones chinos en trece emplazamientos panameños. No obstante, Panamá no desea molestar a Pekín. El principal escollo radica en las negociaciones sobre la venta de las actividades portuarias del conglomerado de Hong Kong CK Hutchinson a un consorcio liderado por la gestora de activos estadounidense BlackRock por 22 800 millones de dólares. El acuerdo abarca una red de 43 puertos en todo el mundo, incluidas las terminales de Balboa y Cristóbal, situadas a ambos extremos del Canal, operadas por su filial Panama Ports Company. Las negociaciones se han retrasado debido a la presión ejercida por Pekín, y el periodo de exclusividad de BlackRock ha expirado. A finales de julio de 2025, CK Hutchinson anunció su intención de incorporar al consorcio a un inversor estratégico chino con el fin de preservar la influencia del país. Al mismo tiempo, bajo la presión de Washington, la Corte Suprema de Panamá está examinando la constitucionalidad de la renovación de la concesión con el conglomerado de Hong Kong, que podría ser cancelada o revisada. En julio de 2025, Mulino también planteó la posibilidad de una asociación público-privada para la gestión de las terminales portuarias.

Última actualización: agosto de 2025